El hecho de que la cultura circule libremente por internet y llegue a millones de personas, genera un gran valor para el creador de una obra, que puede rentabilizar su esfuerzo gracias a herramientas como los conciertos y exposiciones, las experiencas 3D o el merchandising.

En general, el comportamiento de las personas se rige por los valores sociales, leyes que regulan y penalizan determinadas conductas y una economía que desecha aquello que es inservible o que no es sostenible. El usuario de internet se rige por los mismos principios, y es su aplicabilidad lo que genera conflictos en materia de propiedad intelectual, al contraponer valores sociales e intereses que se han desarrollado tradicionalmente sobre modelos económicos insostenibles en un mundo digital.

En este contexto, el legislador se encuentra en una situación tremendamente incómoda, ya que si legisla a favor de la nueva corriente, acelera un cambio de modelo que exige una reestructuración profunda de un sector que está en crisis, generando más gasto y más desempleo. Por el contrario, si legisla para mantener el status quo del sector empresarial clásico, se enfrenta a una sociedad que no entiende cómo un gobierno, que es de todos, pone barreras y se empeña en perseguir aquello que es bueno para la sociedad.

Ninguna empresa, ningún gobierno hubiese sido capaz de poner en marcha la ingente tarea de digitalización realizada en apenas una década, gracias a la labor altruista y desinteresada de millones de ciudadanos. Personas que han dedicado y dedican su tiempo, su esfuerzo y su trabajo a esta labor de digitalización sin ningún interés económico.