La fiscalidad, la regulación y los requisitos de las compras públicas son herramientas que pueden ayudar a la transición justa hacia un nuevo modelo de producción y consumo. A ello debe contribuir la mejora en la formación, la información y la participación de los ciudadanos.

Escribo estas líneas todavía bajo el impacto de la irresponsable decisión de abandonar el Acuerdo de París adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no por previsible menos relevante. Irresponsable porque ningún otro país ha contribuido tanto al calentamiento global a lo largo de su historia; irresponsable porque si EE UU no reduce significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), será inevitable un aumento de la temperatura media del planeta superior a los dos grados, con graves e irreversibles consecuencias para el conjunto de la humanidad y por tanto también para EE UU.
Las razones esgrimidas por Trump –la supuesta amenaza contra el empleo y la competitividad de las empresas norteamericanas, en el contexto de un acuerdo “mal negociado” por su predecesor– responden al viejo enfoque que enfrenta economía y ecología: todo lo contrario de lo que demuestran la comunidad científica y las nuevas soluciones tecnológicas.

Trump, por ejemplo, había prometido miles de puestos de trabajo en el sector de hidrocarburos y minería del carbón, sin tener en cuenta que ya se está produciendo la transición energética hacia una economía descarbonizada, lo que explica la reacción de numerosas empresas, gobiernos locales y organizaciones sociales, reiterando e incluso incrementando sus compromisos de reducción de emisiones de GEI. Y no por razones “altruistas”, sino por condicionantes económicos que se comentan mas adelante.

Durante los últimos cinco años el empleo en el sector de la energía solar ha crecido 17 veces más que el PIB en EE UU y, actualmente, el número de puestos de…