La digitalización es el motor principal del cambio social y económico del siglo XXI. La combinación de varios factores como la banda ancha y la conectividad a Internet, el alcance de tecnologías nuevas como la Inteligencia Artificial (IA), blockchain o el Internet de las Cosas, así como la penetración cada vez más alta de smartphones en las sociedades, está creando un nuevo paradigma social que cambia nuestras vidas a una velocidad nunca vista.

No es sorprendente que ante cambios tan rápidos aún no se haya generado una respuesta política que dé solución a retos complejos. Aun así, llama la atención la falta de debate político y público sobre cómo deberíamos preparar nuestras democracias y sociedades para un futuro digital en el que se mantengan niveles adecuados de igualdad y bienestar social. Estamos, por tanto, en un momento de enormes ­desafíos, pero también de grandes oportunidades.

Sabemos por experiencia histórica que cada vez que se produce una revolución tecnológica, las bases de la convivencia en común se ponen en cuestión. Los derechos y obligaciones que contraemos para vivir en sociedad no son inmunes a los cambios, al contrario, se adaptan a la realidad. En el cambio de la sociedad agrícola a una industrializada hizo falta crear un sistema de educación pública para todos y el desarrollo de derechos para trabajadores y consumidores.

Una nueva época digital requerirá la renovación de nuestras instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una colaboración más estrecha y abierta entre los sectores público y privado. Necesitamos un nuevo contrato social que defina las fronteras de esta nueva era digital y sea capaz de sortear la incertidumbre asociada a los retos que se presentan.

«Hay que promover un enfoque nuevo en la responsabilidad de las empresas basado en los valores y la ética existentes»

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