Las rúbricas ‘seguridad nacional’ y ‘defensa’ justifican a menudo la opacidad y los límites al derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. España prepara una Ley de Transparencia que debería promover la rendición de cuentas y una democracia más participativa.

En 1766, el pastor finlandés y filósofo “ilustrado” Anders Chydenius introducía con éxito la que es, de hecho, la primera ley de transparencia de la historia, incorporada dentro de la Ley de Libertad de Prensa adoptada aquel año por el Riksdag del país nórdico. Casi 250 años después, el Parlamento de la actual Suecia ya no es soberano sobre la Finlandia natal de Chydenius, pero el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública sigue presente en sus debates. El gobierno solicitó en 2011 a los diputados que estudiaran cómo actualizar una legislación superada por los avances tecnológicos. Y, curiosamente, la respuesta de la cámara en mayo de este año fue no tocar la tatarabuela de todas las leyes de transparencia. Temen que con una reforma se debiliten derechos bien consolidados de los ciudadanos suecos, y que una nueva ley sea más vulnerable en el contexto comunitario. Así lo analiza Nils Funcke, uno de los secretarios de la comisión parlamentaria encargada, según el portal especializado www.wobbing.eu: “Nos pidieron que reinventáramos la rueda, así que lo hicimos, y decidimos darle una forma redonda”.

Los usos y costumbres legislativos dicen mucho de la cultura democrática de los países. Visto desde uno donde la ley que regula los secretos oficiales es todavía de 1968, y cuya ley de transparencia acaba de ver la luz en 2012, la experiencia sueca es sin duda llamativa. Por supuesto, los debates parlamentarios en Suecia discurrieron en paralelo a los habituales mecanismos de consulta pública, característicos de las democracias representativas consolidadas. Cuando…