La inminente elección presidencial en Turquía ha venido acompañada de una llamativa polémica. El régimen turco prevé elecciones presidenciales cada siete años entre los partidos políticos que conforman la Gran Asamblea Nacional Turca (GANT). La figura del presidente fue concebida en la Constitución de 1982 como un contrapeso al sistema de partidos capaz de prevenir o solucionar crisis institucionales. Al mismo tiempo, se le concedió un importante poder en el nombramiento de altos cargos y tiene cierta capacidad legislativa: promulgar leyes o devolverlas a la GANT para que sean reconsideradas, así como enviar al Tribunal Constitucional aquéllas que considere que deben ser anuladas por anticonstitucionales.

Las presidenciales coinciden este año con las legislativas. El partido en el poder, Partido de Justicia y Desarrollo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), controla la mayoría de la Cámara. El sistema electoral es proporcional, utiliza la ley D’hondt en el reparto de escaños y prohíbe formar parte de la Asamblea a los partidos que no consigan el 10 por cien de los votos a nivel nacional. En las elecciones legislativas de 2002, sólo dos partidos, AKP y el Partido Republicano del Pueblo (Cumhurriyet Halk Partisi, CHP), lograron pasar la barrera del 10 por cien y participar en el reparto de escaños. El sistema electoral favoreció así que AKP formara un gobierno monocolor.

Llegada la hora de enfrentarse a las legislativas, el AKP ha hecho lo que otros partidos en anteriores etapas: intentar poner a “uno de los suyos” al frente de la presidencia y así asegurarse una gran influencia en los próximos siete años. Su candidato, el actual ministro de Asuntos Exteriores, Abdullah Gül, ha destacado por su profesional labor diplomática. Gül fue una de las figuras que en 2003 consiguió transmitir a Bruselas que el nuevo gobierno estaba dispuesto a empujar de manera decidida…