En Túnez, el año 2021 quedará marcado por la presidencialización del régimen decidida por Kais Said la tarde-noche del 25 de julio, un giro espectacular en la vida política del país que margina al Partido Desturiano Libre (PDL) de Abir Musi y acelera la descomposición de Ennahda. La escena política se redefine mientras que las expectativas sociales no se satisfacen y la crisis económica se agrava considerablemente.

Presidencialización del régimen político

Qué sucedió en la tarde-noche del 25 de julio de 2021? ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe de efecto? En una reunión de urgencia en su palacio de Cartago, el jefe del Estado, Kais Said, decidió suspender, durante 30 días, las actividades del Parlamento en el que el partido islamista Ennahda desempeñaba un papel clave, retirar la inmunidad a los diputados y destituir a su primer ministro, Hichem Mechichi. Mediante este acto sin precedentes en la historia política del país, marginaba al Parlamento y a su presidente, Rachid Ghanuchi, con el que mantenía unas pésimas relaciones, y deponía al jefe del gobierno, al que él mismo había elegido un año antes y con el que ya mantenía un conflicto abierto.

De hecho, para lograr la confianza del Parlamento, el primer ministro Mechichi se había acercado al partido Ennahda, mayoritario en el Parlamento, una proximidad que Kais Said consideró una traición. En enero de 2021, Mechichi tomó la decisión de remodelar su gobierno eligiendo a ministros que el jefe del Estado sospechaba que eran corruptos y que se negaba a que juraran el cargo. Estos conflictos y tensiones entre los tres pilares del poder –el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el presidente del Parlamento– afectaron al funcionamiento de la vida política: en el seno del gobierno, nueve ministerios tuvieron un ministro en funciones, y el Parlamento, donde se vivía una violencia física y verbal, ofrecía un espectáculo aterrador, que hizo que muchos tunecinos pidiesen su disolución. Todos estos elementos reflejaban una crisis política sin precedentes que provocaba inmovilismo e impotencia pública, mientras la segunda ola de la Covid-19 diezmaba a una población muy poco vacunada.

El 20 de julio, cuando los hospitales estaban saturados y el país registraba cerca de 300 muertos al día, el jefe del gobierno destituyó a su ministro de Sanidad, Fauzi Mehdi. La exasperación de los tunecinos, que ya sufrían los efectos de la crisis económica y social, sumada a la inacción política y a la crisis sanitaria, explican el fervor con el que numerosos tunecinos acogieron la decisión adoptada por Kais Said. En ese preciso momento, parecía capaz de sacar a los tunecinos de la pesadilla de la impotencia pública. Sin embargo, el escepticismo se apoderaba de los intelectuales que se preguntaban en virtud de qué “peligro inminente” el jefe del Estado había aplicado el artículo 80 de la Constitución, porque según el texto, en esas circunstancias, debía consultarse al jefe del gobierno, al presidente del Parlamento y al del Tribunal Constitucional.

Ahora bien, los dos primeros afirman que no se les informó, y el Tribunal Constitucional nunca se constituyó. ¿Habría actuado al margen de las normas constitucionales Kais Said, un antiguo profesor de derecho Constitucional conocido por su puntillosidad en la aplicación de la ley fundamental? Además, el jefe del Estado decretó el Estado de emergencia apoyándose en la policía y el ejército. Ahora bien, la policía, al apoyar al ejecutivo, recuerda a la oscura época del antiguo régimen, y al ejército siempre se le ha mantenido al margen de la toma de decisiones políticas, puesto que su asociación con el juego político podría suscitar un deseo de poder entre algunos altos mandos del ejército. ¿No estará Túnez, cuna de la revolución, que había iniciado la transición democrática, cayendo de manera lenta pero segura en el autoritarismo?

La pregunta es más pertinente si cabe, ya que dos meses más tarde, a finales de septiembre, Kais Said adoptó unas nuevas disposiciones excepcionales que reforzaban sus poderes en detrimento del gobierno y del Parlamento. El decreto 117 precisa que los textos legislativos se adoptarán mediante decretos leyes y los promulgará el presidente de la República. El texto establece también que el presidente ejerce el poder ejecutivo con la ayuda de un consejo de ministros dirigido por un jefe del gobierno, y que el jefe del Estado preside ese consejo, pero puede delegar su presidencia en el jefe del gobierno.

El presidente de la República nombra y destituye a los ministros, designa a los diplomáticos, realiza los nombramientos en la Alta función pública y el gobierno es responsable ante él. Es una presidencialización reforzada de un sistema que era híbrido, es decir que el Parlamento, que se supone que representa al pueblo, tenía un amplio poder, pero el jefe del Estado era elegido por sufragio universal y elegía al primer ministro, que era, en cierta manera, el punto de equilibrio de este régimen regido por la Constitución de 2014.

Kais Said decidió romper con ese régimen, y ahora concentra todos los poderes precisando que “el objetivo de estos proyectos de revisión debe ser establecer un verdadero régimen democrático en el que el pueblo sea definitivamente el titular de la soberanía y la fuente de los poderes que ejerce a través de los representantes elegidos o por vía de un referéndum”.

Estado de excepción no limitado en el tiempo

El presidente Said no tiene un programa concreto, no muestra ninguna visión y su proyecto, que se intuye por la falta de una comunicación clara, parece una promesa. Esta promesa implícita que Kais Said les hace a los tunecinos equivale a una reparación de lo que se ha hecho desde 2011, sobre todo en cuanto al olvido del pueblo.

Con su estilo convenció a una mayoría de tunecinos para que le votaran en 2019, cuando las elecciones se celebraron en un contexto muy particular. De hecho, en las elecciones municipales de 2018 y las presidenciales y legislativas de 2019 se consagraron unas figuras ajenas al mundo político: unos cargos electos municipales “independientes” y sin afiliación política, y dos candidatos finalistas en las elecciones presidenciales que son figuras populistas, como Kais Said y Nabil Karui, que no tienen mucho en común salvo que sitúan al pueblo en el centro de sus preocupaciones y de sus proyectos.

Kais Said, enmarcado en la tradición populista, fue elegido por una amplia mayoría para ocupar la presidencia del país, con el 72,73% de los votos emitidos. Su discurso fue bien recibido por todos aquellos tunecinos que piensan que el cambio que debía mejorar su vida tras la revolución no se ha producido. El desempleo ha empeorado, el país está sumido en el desorden y la corrupción se ha generalizado, y sufren la carestía de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la impunidad. En este contexto, consideraron a Said, que se aprovechó del mal gobierno del país, un hombre providencial, un salvador.

En efecto, ante esta situación caótica, este profesor de derecho Constitucional, totalmente ajeno al mundo político, mostró su integridad y su rechazo hacia las instituciones y los partidos políticos. En su rechazo a la democracia representativa, se asemeja a otros populistas de todo el mundo que consideran que las instituciones políticas son un obstáculo para la expresión de la voluntad popular. También comparte otras características con figuras populistas a las que les gusta simplificar hasta el extremo las situaciones y estigmatizar a las élites, así como un pensamiento que refleja paradójicamente una adhesión a un conservadurismo desacomplejado y con referencias revolucionarias. Evidentemente, todos tienen en común un relato en el que se da prioridad al pueblo. Kais Said dice claramente: “La vía que voy a trazar es la que ha querido el pueblo”.

Pero lo que resulta engañoso en el caso de estas figuras populistas es que la centralidad del pueblo en su discurso no los convierte en demócratas, y se pueden mostrar autoritarios cuando el momento lo exige. Kais Said es a día de hoy el único al mando, ya que el ejecutivo y el Estado se reducen a su persona, no rinde cuentas a ninguna institución, habla en nombre del pueblo con el que se identifica y decide si existe un peligro inminente para el país; de ahí la necesidad de decretar un Estado de excepción que no está limitado en el tiempo. Y dado que no existe un Tribunal Constitucional, actualmente no hay ninguna instancia superior para determinar la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones que adopta. Por tanto, este momento concreto se enmarca dentro del Estado de excepción durante el cual las normas legales previstas para proteger las libertades y el funcionamiento del Estado quedan suspendidas. Pero, como no está limitado en el tiempo, podría convertirse en un modo de funcionamiento, lo que Pierre Hasner llama “el Estado de excepción permanente”.

Dificultades para gobernar

Aunque el presidente Said haya nombrado a una mujer primera ministra, Najla Buden, y ella haya formado un gobierno, queda mucho para que desaparezcan las dificultades para gobernar el país. El gobierno, compuesto por más de un tercio de mujeres, expertas y tituladas pero con poca experiencia política, afirma que quiere abordar de manera prioritaria la corrupción que gangrena al país y realizar las reformas necesarias. Su labor, y la del jefe del Estado, no es fácil, ya que debe reconstruir y arreglar todo aunando libertad y autoridad. Y también tiene que gobernar teniendo en cuenta a ese “pueblo soberano”, que es un postulado de 2011, pero que él ha decidido convertir en el centro de su discurso y de su proyecto.

Para responder a las expectativas de ese “pueblo soberano”, Said no tiene un programa elaborado, sino que su proyecto, formulado durante su campaña electoral de 2019, consistía ya en devolverle la palabra a la ciudadanía. Su “llamamiento al pueblo” se sitúa en una perspectiva alternativa a la democracia representativa, una especie de democracia popular, que consiste en cambiar drásticamente el sistema institucional afianzando la legitimidad a nivel local mediante unos consejos elegidos por un sistema de votación uninominal, de los que emanarían unos consejos regionales y, por último, una Asamblea Nacional. Cree que esta pirámide de poderes invertida podría ser el medio más eficaz para marginar a las élites corruptas y movidas por sus pequeños intereses políticos. Y más concretamente, sin partido político, sin tropas y sin aliados políticos, ¿cómo pretende Kais Said reactivar un país que necesita numerosas reformas y respuestas a las expectativas de los tunecinos? El país que debe gobernar también se encuentra en un entorno regional en plena transformación.

Por el momento, el proyecto político de Kais Said parece desestabilizar la vida política tunecina y a sus principales actores, y en particular a los jefes de los partidos políticos como Rachid Ghanuchi (Ennahda), y también a Abir Mussi (PDL), sin que su popularidad se resienta. Pero su relación con el pueblo está condicionada por su capacidad para responder a las expectativas sociales de un país ahogado por la deuda y la crisis económica.

Ennahda: la erosión de un partido antiguamente arraigado en la vida política

Aunque el partido se creó en 1981 con el nombre de Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI), el movimiento islámico tunecino se remonta a finales de la década de los sesenta con el nombre de la Yamâa al Islamiyya. Se convirtió en Ennahda en 1988, cuando el movimiento, siempre dirigido por Rachid Ghanuchi, decidió participar en el Pacto Nacional establecido por Zine el Abidin ben Ali ese año. Sería expulsado del mismo un año más tarde, por lo que tuvo que operar en la clandestinidad, y sus jefes se vieron obligados a exiliarse.

En 2011, regresó a la escena política aprovechando la revolución. El partido ganó ampliamente las primeras elecciones libres de octubre de 2011, gobernó de manera hegemónica, reprodujo el nepotismo del régimen de Ben Ali y se dejó superar por la derecha por los salafistas, que cometieron actos muy violentos. Los asesinatos políticos de dos figuras de la izquierda, Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, que siguen impunes, hicieron que una parte de los tunecinos asociara Ennahda a los salafistas por su laxismo frente a la violencia y la inseguridad que se instauraban.

En 2013, el gobierno, dirigido por Ali Laarayedh, se vio obligado a dimitir por la presión de una parte de la sociedad civil que se organizó y propuso un diálogo nacional. Desde entonces, la principal preocupación de Rachid Ghanuchi, su jefe histórico, ha sido mantener a su formación política en la escena política y “normalizar” la imagen de Ennahda.

En 2014, cuando el bando modernista ganó las elecciones, firmó un acuerdo con Beyi Caid Essebssi para formar un gobierno compuesto por ministros de ambos partidos, Nida Tunes, el partido modernista, y Ennahda. Dos años después, en 2016, en el congreso de Ennahda, Ghanuchi llegó más lejos porque su formación se definió como un partido civil, abandonando así sus actividades tradicionales de predicación religiosa. Y fue un verdadero seísmo para sus bases, ya que el partido se reformó profundamente y su identidad ya no era la misma.

Los islamistas de Ennahda, como las demás formaciones políticas con las que tuvieron que gobernar, fracasaron. Se trata de un fracaso debido básicamente al terrible abandono de la cuestión social y al hecho de no haberse planteado nunca la reforma del sistema económico. Y a eso se le suma una verdadera crisis de identidad. Todos esos factores provocaron un deterioro de su base electoral: entre 2011 y 2019, el partido perdió dos tercios de su electorado y cerca del 40% de sus escaños en la Asamblea.

Las maniobras políticas de un Rachid Ghanuchi dispuesto a todo para mantenerse en el juego político fueron criticadas, incluso internamente. Lotfi Zitun, uno de sus principales asesores, dimitió en 2019 para denunciar la manipulación de las listas por parte de Ghanuchi para presidir el Parlamento. Otros, como Samir Dilu, exministro y portavoz de Ennahda, expresaron sus críticas sobre su presidencia de la Asamblea, afirmando que Ghanuchi contribuyó al desorden que reinó en la Asamblea durante dos años.

Por tanto, fue un partido dividido y debilitado el que tuvo que enfrentarse al golpe de Estado de Kais Said en julio de 2021, mediante el cual el jefe del Estado no atacó directamente al partido islamista, pero consiguió marginarlo paralizando las actividades del Parlamento. Rachid Ghanuchi, que había apoyado claramente al primer ministro Mechichi, está con el agua al cuello. (El 27 de febrero, en plena crisis sanitaria, Ennahda había organizado una gran concentración para apoyar a Hichem Mechichi).

Los problemas se le acumulan al partido: Ennahda está totalmente desacreditado ante la opinión pública, lo consideran el responsable de las desgracias de los tunecinos y es el blanco del descontento. Su jefe, Rachid Ghanuchi, es muy criticado por los dirigentes del partido por su autoritarismo y por no escuchar, incluso después del 25 de julio de 2021. En agosto, disolvió el comité ejecutivo y lo reconstituyó sin debate. Las investigaciones judiciales abiertas –una investigación por recibir fondos extranjeros para financiar su campaña electoral de 2019 y una acusación de obstrucción a la justicia en los casos de los asesinatos políticos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi en 2013– afectan a dirigentes y simpatizantes de Ennahda.

El partido, que siempre ha buscado la respetabilidad, ha perdido todo su crédito. Así pues, el que debía responder a la acción del jefe del Estado en julio de 2021 era un hombre aislado y desacreditado. La estrategia de Rachid Ghanuchi osciló entre el llamamiento al diálogo y la presión mediática. Acudió a la sede del Parlamento con algunos diputados, pero el ejército les negó el acceso. Sin embargo, el golpe más duro lo recibió de su propio bando el fin de semana del 25 al 26 de septiembre, cuando 113 dirigentes abandonaron Ennahda de manera colectiva. Mediante un comunicado, informaron de que la línea que seguía Rachid Ghanuchi no era la suya, e incluso le responsabilizaban explícitamente de la situación del país. Samir Dilu llegó a decir que Ennahda “se asemejaba a una secta dirigida por un gurú”. ¿El movimiento islamista, que tiene cerca de medio siglo de antigüedad, está llamado a desaparecer o a reaparecer bajo una nueva forma? En este momento, su descomposición, que se enmarca dentro del declive global del islam político, deja vía libre a Kais Said.

Los límites al poder de Kais Said

El éxito de la intentona de Said depende de dos elementos claves relacionados entre sí. A corto plazo, y a la espera de una política económica, debe responder a las expectativas sociales y sacar al país del estancamiento económico. Para ello, tiene que encontrar suficiente dinero para satisfacer las deudas del país, pagar a los funcionarios y crear empleo urgentemente.

Esta exigencia está vinculada con la relación de confianza que consiga crear con las instituciones financieras internacionales y con los países que podrían estar dispuestos a acudir en ayuda de Túnez. El presidente Said, que se ha arrogado todos los poderes, hereda una deuda pública muy importante. Según el Banco Mundial, entre 2010 y 2020, la proporción de la deuda pública con respecto al PIB se ha más que duplicado, aumentando del 40,7% al 87,6%, y el peso de la deuda supera hoy el 100% del PIB. Todos los indicadores están en rojo, y el país se ha visto golpeado de lleno por la pandemia cuando ya sufría la crisis del turismo, un sector afectado por la inseguridad y los atentados en 2015.

En 2020, la Covid-19 afectó gravemente al país e hizo caer el PIB. La caída fue muy acusada un año más tarde en el sector de la industria (-10,7 %) y de los servicios (-10,5 %), y un poco menos en el sector agrícola. Este descenso afectó duramente a la mitad de los hogares, y la tasa de desempleo se incrementó del 15% al 17,8% de la población activa alcanzando unas cifras mucho más elevadas en el Sur del país. Sin duda, Túnez necesita una reactivación y dinero fresco en un plazo muy corto. El gobierno de Mechichi y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron unas negociaciones para un cuarto préstamo desde 2011, con el aval de Estados Unidos, pero Said puso fin a este plan de financiación del presupuesto de 2021 que se basaba en un acuerdo con el FMI. ¿Cómo piensa encontrar el gobierno los 2.400 millones de dólares que necesita para cerrar su presupuesto de 2021?

En los últimos meses, el préstamo nacional ha ayudado al país, pero antes del 31 de diciembre, Túnez debe encontrar 10.000 millones de dinares (3.000 millones de euros) para completar su presupuesto de 2021. La clase política tendrá que buscar parte de esta suma entre los acreedores habituales, como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) o las agencias de desarrollo alemana y francesa (GIZ y AFD, respectivamente), en forma de préstamo. Las negociaciones con el FMI, que acaban de reanudarse después de un paréntesis de tres meses, serán probablemente largas, ya que el FMI exige un programa de reformas y, en cualquier caso, un cuarto préstamo del FMI será en condiciones que tendrán efectos sociales. A no ser que los actuales dirigentes cuenten con la generosidad de los países del Golfo, que entonces condicionarían su ayuda a una agenda política muy concreta, lo que sin duda afectará a la independencia del país y la libertad de acción de sus actores políticos.