Por fin el fiscal especial, Robert Mueller, presentó su informe sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, la complicidad de Donald Trump y los miembros de su campaña electoral y la obstrucción de la justicia que el presidente ha intentado para detener esa investigación, que tiene la categoría de acto criminal. Tuvo que presentar su informe al nuevo procurador general, ­William Barr, porque ambos partidos decidieron no renovar en 1999 la ley de 1978 que otorgaba a los fiscales especiales una total independencia y les permitía también continuar indefinidamente sus investigaciones, incluso por ramificaciones hacia otras materias. Por esta razón, el actual fiscal especial tenía que ceñir sus investigaciones a los asuntos antes definidos y debía realizarlas bajo la supervisión y última decisión del procurador general. Por esta razón, también, los delitos que Mueller desenmascaró sobre cuestiones relacionadas fueron reenviados a la jurisdicción de otros fiscales.

La entrega del informe produjo en toda la nación una sensacional expectación, tras la incertidumbre y las especulaciones despertadas por casi dos años de trabajo del amplio equipo de fiscales y expertos: más de 2.800 citaciones judiciales, unas 500 órdenes de registro, otros tantos interrogatorios, el encausamiento de 12 miembros del espionaje ruso y otros 13 civiles rusos, y la condena de 19 miembros del entorno más directo del presidente por actos relacionados con la investigación especial y nueve de ellos cumpliendo ya sus penas en prisión. El departamento de justicia trabajó sin descanso durante cuatro días para emitir finalmente una carta de cuatro páginas del procurador general al Congreso, que destaca las “conclusiones principales” del informe del fiscal especial.

Para atónito de los que esperaban un resultado más afín con todos esos antecedentes tan sonados, la carta del procurador general concluye que el fiscal especial no encontró pruebas de “coordinación o…