Durante los próximos veinte o treinta años la explosión pacífica de las telecomunicaciones podrá transformar de arriba abajo las sociedades desarrolladas. La multiplicación de mensajes e intercambios dará con toda probabilidad un impulso a los países pobres, desordenados y despóticos, eufemísticamente denominados “en vías de desarrollo”. España –una sociedad en la zona baja del grupo de países más competitivos– tiene grandes dividendos que obtener en esta revolución que llega de fuera, a la que aporta alguna inversión, ninguna investigación sustancial y un buen mercado. Estamos ante un asunto transnacional que afecta a nuestra nación y que permanece, a través de los años, mal conocido por los españoles: por eso es objeto de estudio en las páginas de POLITICA EXTERIOR.

La Unión Europea arriesga mucho en la apuesta. ¿Recordamos lo que significó en riqueza material e inmaterial la divulgación del teléfono a comienzos de nuestro siglo? ¿Recordamos lo que ha conseguido el fax, una derivación menor de la telefonía, al revolucionar las costumbres personales y la vida de las empresas?

Esos serán, se afirma, episodios secundarios al lado del cambio que se avecina: con la futura y cercana GII (Global Information Infrastructure) un cirujano podrá consultar instantáneamente sobre un tratamiento, desde un quirófano de Madrid a un hospital de Los Angeles. La circulación de informaciones ultrarrápidas podrá prevenir o atajar incendios forestales, o salvar centenares de vidas cuando un satélite movilice a la protección civil ante una inundación.

La liberalización de las telecomunicaciones se convertirá con toda probabilidad en uno de los motores del desarrollo europeo. A escala global, no conocemos sectores con tal ritmo de crecimiento: junto a la electrónica, las nuevas energías y los desarrollos espaciales en el campo civil y militar, la comunicación es un sector que crece y mueve enormes intereses. Las medidas liberalizadoras, en Estados Unidos…