El sencillo pero esencial motivo para la tensión existente hoy entre Estados Unidos y Europa occidental es que las afirmaciones norteamericanas sobre la amenaza terrorista les parecen a los euro­peos exageradas, su reacción desproporcionada y el utopismo de sus objetivos nacionales declarados inquietante. Ambición y falta de realismo recuerdan a la utopía que caracterizó los grandes movimientos ideológicos del siglo pasado, uno de los cuales prometía una sociedad donde el gobierno se diluía como algo innecesario, y el otro un Reich milenario integrado por una raza superior de hombres y mujeres. La utopía norteamericana es la democracia universal que lleve a la paz mundial. Sin embargo, resulta inquietante que esta búsqueda permanente de paz se haya realizado hasta el momento mediante la intervención militar, la guerra agresiva y la tortura.

La política norteamericana en Irak es rechazada por la mayoría de los gobiernos y la ciudadanía europeos, porque parece desproporcionada, irrelevante para su supuesto objetivo y perversa en sus consecuencias, al intensificar un choque entre las potencias occidentales y el islam. La insistencia norteamericana en que el 11 de septiembre de 2001 fue el acontecimiento definitorio de la era, después del cual “nada podía ser igual”, se considera exagerada. Parece justo decir que la mayoría de los europeos tiende a pensar que las circunstancias internacionales, al igual que la condición humana básica, son prácticamente las mismas de siempre. Es Estados Unidos quien ha cambiado. Le molesta que la elite norteamericana parezca incapaz de entenderlo.

Para un norteamericano, los aspectos más perturbadores de la conducta de la administración de George W. Bush durante los últimos cuatro años han sido su hostilidad hacia el Derecho internacional y el repudio a las obligaciones de diversos tratados por considerarlas irreconciliables con la soberanía nacional absoluta de EE UU u obstáculos para su política exterior. Se hizo gala de ello desde el principio. De hecho, incluso antes de que la administración Bush tomara posesión, el departamento de Defensa se había opuesto con firmeza a la Corte Penal Internacional. Incluso entonces era difícil interpretar la postura del Pentágono como distinta a una declaración implícita de que la actual doctrina militar incluía opciones que po­dían invitar a la condena según el Derecho internacional. No obstante, la administración de Bill Clinton firmó el tratado fundador de la Corte. La administración Bush retiró la firma poco después de llegar al poder.

Tras el 11-S circularon propuestas en el gobierno para autorizar la tortura, incluso antes de que hubiese alguien a quien torturar. El departamento de Justicia redactó memorandos sobre cómo proteger a los miembros del ejército y a los servicios de espionaje norteamericano de la posibilidad de ser juzgados según la ley vigente en EE UU por su trato a los prisioneros afganos y otros. En la guerra de Afganistán, la administración Bush envió sumariamente a prisioneros fuera del país, en especial a la base de Guantánamo en Cuba, sin una evaluación adecuada de sus casos y obviando los acuerdos de la convención de Ginebra, suscrita por Estados Unidos, relativa a los prisioneros de guerra. La normativa del ejército de EE UU sobre el trato a prisioneros de guerra se pasó por alto ya que estas personas se consideraban, según la definición presidencial, “combatientes enemigos”, y no prisioneros de guerra.

Las normas norteamericanas, que exigen una presentación oportuna de cargos y una adjudicación imparcial, fueron ignoradas entonces, y siguen siéndolo ahora. Aunque el incumplimiento del Derecho internacional y del Derecho militar y constitucional norteamericano se reconocía en general, hubo escasas protestas en la prensa y ninguna oposición efectiva por parte de los líderes del Partido Demócrata. Por tanto, la responsabilidad por lo ocurrido reside en los dos partidos.

La administración Bush se quejó de que los tratados y las convenciones internacionales eran obstáculos para su determinación de arrestar y retener a personas en cárceles secretas, declararlos carentes de derechos legales, aunque fueran ciudadanos norteamericanos, interrogarlos mediante torturas y retenerlos indefinidamente, como ha sido la práctica desde entonces. La encarcelación en el campo de prisioneros de Guantánamo y en “instalaciones de retención” secretas en otras ubicaciones extranjeras creadas desde 2001 constituye un sistema que guarda un evidente, si no perturbador, parecido –especialmente en el deliberado aislamiento de los prisioneros y de las garantías constitucionales norteamericanas– con las prácticas nazis y soviéticas durante las décadas totalitarias.

Los afganos y otros prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” han sido trasladados a terceros países. Cuando en 2002 se supo todo esto, se informó a los periodistas –con una sonrisa y un guiño– de que la razón era que allí podían ser torturados. Esto se confirmó unos dos años y medio más tarde, cuando la práctica conocida como “entrega”, que significa el traslado clandestino (ilegal según el Derecho internacional) de prisioneros a jurisdicciones extranjeras, fue reconocida oficialmente. El gobierno de EE UU afirma que con la entrega exige y recibe una garantía verbal de que la persona no será torturada. Ésta es una formalidad entre profesionales, ya que no existe ningún otro motivo para la entrega.

Al principio de la denominada guerra contra el terrorismo, reinaba en la Casa Blanca una ansiedad por cómo proteger a Bush y a los miembros de su gabinete de las consecuencias legales de ordenar, autorizar o permitir deliberadamente la tortura de personas bajo su control, aunque estuviesen técnicamente fuera de la jurisdicción legal norteamericana. La cuestión planteada a los abogados del gobierno era cómo podían el presidente y los demás cometer crímenes de guerra y no ser responsables de ellos. En febrero de 2002, el presidente recibió de su asesor legal en la Casa Blanca, Alberto R. Gonzales, ahora fiscal general, la opinión de que no está limitado por las leyes de EE UU o por compromisos internacionales que prohíban las torturas, y que los norteamericanos que las cometan bajo su autoridad no pueden ser procesados por el departamento de Justicia. Esta opinión se apoya en el argumento de que las cuestiones de seguridad nacional están por encima de la ley norteamericana y de los tratados internacionales. Como ha manifestado uno de los abogados castrenses que participaron en estas conversaciones, fue una afirmación de “poder presidencial en su momento más álgido”.

Unas investigaciones realizadas en 2004 determinaron que algunos interrogadores norteamericanos que torturaron a detenidos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib creían, con razón, que sus acciones habían sido autorizadas por un memorándum del general Ricardo S. Sánchez, en el que se aprobaban técnicas como encapucharlos, imponerles “posturas de estrés” y utilizar perros para inspirarles miedo, aunque estos métodos violan claramente las convenciones de Ginebra. Fueron sancionados por el equipo legal del general Sánchez “utilizando razonamientos del memorándum del presidente del 7 de febrero de 2002”, que determinaba que las convenciones debían dejarse de lado con personas consideradas “combatientes ilegales”. Todo esto se está impugnando ahora ante los tribunales norteamericanos.

En el transcurso de estas deliberaciones, Gonzales encargó un memorándum al departamento de Justicia en el verano de 2002, que confirmaba el derecho del presidente a ordenar la tortura de “detenidos” y redefinía la propia tortura, de forma que el dolor que no implicara fallo orgánico, muerte o daños psicológicos permanentes no fuera clasificado como tal. Según un informe (publicado por Newsweek) el memorándum fue escrito después de una reunión convocada por Gonzales, en la que se debatieron y aprobaron prácticas concretas de tortura.

Sobre el terreno se descubrió el problema táctico de qué hacer cuando las cosas se torcían y a los torturadores se les moría un hombre o una mujer (parece que algunas mujeres también han sufrido torturas). Al menos en un caso en Irak, se dejó a la improvisación, lo que significó sacar el cadáver, desprovisto de elementos de identificación, de la cárcel de Abu Ghraib para deshacerse de él en otro lugar.

Ha habido objeciones a todo esto. El FBI, los propios asesores jurídicos de las fuerzas armadas, asociaciones de abogados y otros grupos legales civiles han protestado, al igual que lo han hecho funcionarios de los servicios de espionaje retirados. La administración Bush ha negado en varias ocasiones que haya autorizado las torturas, como ocurrió recientemente cuando el informe anual de derechos humanos del departamento de Estado, publicado a principios de este año, criticaba la tortura en varios países, entre ellos Egipto, Siria y otros lugares donde EE UU ha “entregado” a prisioneros, sin permitirles el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja, como está obligado formalmente a hacer.

Intimidar a la población

En el pasado, EE UU siempre ha denunciado la tortura, reconociendo que sus costes indirectos son enormes por sus repercusiones en la reputación nacional, su alienación de la opinión aliada e internacional, y su corrupción de la moral y la ética de los servicios militares y de espionaje norte­americanos. ¿Por qué continúa? El argumento oficial o semioficial es la conveniencia, pero resulta poco convincente. La opinión universal en los círculos de inteligencia y operaciones encubiertas es que más bien resulta inútil. Aunque tengas una figura clave que posee información útil y finalmente consigas que te cuente lo que quieres oír, ¿qué beneficio aporta?

¿Es realmente cierto? ¿Es simplemente que el torturador ha transmitido a la víctima que ésa es la respuesta que quiere oír? Aunque sea verdad, ¿sigue resultando útil? Toda organización de resistencia o clandestina trabaja con un sistema de válvulas que limita lo que sabe cualquier individuo, y advierte a todos los demás de que cancelen planes, reuniones y guaridas cuando cae un prisionero.

La amplia mayoría de los que están en prisiones iraquíes parecen haber sido detenidos porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o tenían un nombre parecido al de otra persona, o su nombre, después de ser traducido del árabe al inglés en transcripciones y traducciones, le pareció sospechoso a un norteamericano sin conocimientos de árabe ni sobre Irak, o estaban emparentados con alguien cuyo nombre figuraba en una lista de EE UU. Fueron torturados porque se había convertido en una práctica. A lo mejor sabían algo. Además, el maltrato generalizado a los cautivos se consideraba útil para propagar la consternación, la desorientación y el temor entre quienes se resistían a la ocupación. Cuando los altos mandos se quejaban de que no estaban recibiendo suficiente información, en ocasiones se volvía a torturar a los mismos prisioneros.

El terrorismo y la guerra de guerrillas desmoralizan a los ejércitos porque son impredecibles y carecen de reglas. No existe un modo fiable de reconocer al enemigo, ni una estructura sobre qué está permitido y qué no, e invitan a atrocidades recíprocas, violencia indiscriminada y asesinatos colaterales de civiles. La defensa psicológica de los soldados contra todo eso es deshumanizar mentalmente a los civiles enemigos además de a los combatientes del otro bando. La generalización de la tortura en la denominada guerra contra el terrorismo se ha visto facilitada porque las autoridades norteamericanas han deshumanizado al enemigo. Éste es el mensaje que soldados (y civiles) han recibido desde lo alto de la cadena de mando, que llega hasta el mismísimo Pentágono y la Casa Blanca. Los que se oponen a EE UU en Irak y otros lugares deben ser asesinados, ha dicho repetidamente el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. No habla de derrotarles, y mucho menos (como con los británicos en el sur de Irak) de negociar con ellos.

Se ha utilizado un mensaje deshumanizador para describir a todos los que se oponen a EE UU. El efecto acumulativo de ello ha sido transmitir a las tropas norteamericanas que no sólo se han suspendido (o limitado de forma crucial) las normas internacionales y nacionales en la guerra contra el terrorismo, sino que las reglas religiosas y laicas de conducta civilizada comúnmente aceptadas ya no son procedentes.

La administración Bush creó un estado de excepción y una forma de conducta hostil hacia las normas tradicionales de comportamiento militar, e inspiró actitudes de desprecio y miedo hacia los iraquíes, los afganos, y otros “terroristas” islamistas, que abrieron el camino a las atrocidades, el sadismo autorizado y la crueldad gratuita, siempre cerca de la superficie del conflicto. La guerra es atroz, pero la guerra de guerrillas y el terrorismo son lo peor de todo. La gente que lucha contra ellas sólo puede mantener el norte si la estructura moral de su propio ejército permanece intacta. Podía pensarse que los norteamericanos lo habían aprendido en Vietnam.

Si se busca una explicación mundana y utilitarista para la tortura, la más plausible es que la administración Bush haya estado torturando a prisioneros debido a su simbolismo. La tortura tenía por objeto provocar lo que, en el asalto militar a Irak, se denominó “sobresalto y pavor”. Su intención era intimidar. Haremos todas estas cosas terribles para demostrar que nada nos impedirá derrotar a nuestros enemigos. Somos indiferentes a la opinión mundial. Nada nos detendrá.

En ese sentido es como el alarde inicial de blindaje y potencia de fuego deliberadamente indiscriminada que tuvo lugar la noche de la toma de Bagdad, y un año y medio después, el ataque al bastión insurgente de Faluya, una ciudad de 600.000 habitantes donde poco quedó en pie. Ambas fueron operaciones fundamentalmente simbólicas. Las tropas iraquíes que quedaban en Bagdad, al igual que los insurgentes de Faluya, pudieron escapar antes del asalto. El verdadero objetivo era intimidar a la población: un mensaje a todo Irak de que aquéllo era lo que podía hacer EE UU si seguían resistiéndose, y en el caso de Faluya, el castigo colectivo a los ocupantes de la ciudad por haber tolerado las operaciones terroristas con base allí.

Produjo sobresalto y pavor. La obsesión de la administración con el sobresalto y el pavor es consecuencia del concepto erróneo que tiene de la batalla que está librando, que es política y no militar.

Degradación moral

Sin embargo, todo esto resulta insuficiente, poco satisfactorio como explicación del uso de la tortura: un uso persistente, continuado, invasivo. El juicio moral, incluso teológico, sobre lo hecho por la administración Bush resulta inevitable. El presidente provoca además esta clase de respuestas al justificar su conducta en la guerra contra el terror en términos religiosos, y al declarar “diabólicos” a los prisioneros capturados por ­EE UU. Todo ello para evitar que puedan aplicárseles las normas jurídicas y los derechos humanos que precisamente les protegen como prisioneros.

Puede citarse lo dicho por Al Gore, vicepresidente en la administración Clinton y candidato del Partido Demócrata derrotado por George W. Bush en 2000. Respecto al asunto de la tortura, Gore declaraba que “una de las indicaciones más claras de la inmediata pérdida de identidad de la propia alma es la imposibilidad de reconocer la existencia de un alma de aquél sobre el que se ejerce el peso del poder, especialmente si aquéllos que no pueden defenderse son degradados, tratados como animales”. El fin de la tortura es la degradación de la víctima: por eso se debe dar la razón a Gore cuando concluye que aquéllos que degradan a otros revelan su propia degradación y la de su país.

En este asunto hay una inconfesada carga de sadismo y nihilismo: esto no puede ignorarse y no opera sólo a escala individual. Ciertamente los patéticos soldados retratados en las fotos de las torturas de la prisión de Abu Ghraib proporcionaron la primera evidencia de estas prácticas. Aparecían, sin esperarlo, en circunstancias que evocan impulsos perversos, que en otro entorno hubieran resultado indudablemente suprimidos (algunos de ellos, pero no todos, han sido condenados por este escándalo).

Sin embargo, el sadismo funciona a través de instituciones, no sólo a través de individuos. El propósito de esta administración, decidida a tratar así a sus enemigos, revela la perversión moral hoy en alza y su utilización como signo del poder nacional. No se trata sólo de imponer una política americana contra sus enemigos sino de degradarlos y humillarlos. Tal es la voluntad de este gobierno respecto a aquéllos que se cruzan en su camino. El enemigo no debe ser sólo derrotado, sino aniquilado moral y físicamente.

Destruir es afirmar el propio poder: si el enemigo muere, nosotros destacamos gracias a su muerte. No es una coincidencia que todas salvo una de las principales figuras de la administración Bush, partícipes en la concepción y dirección de la guerra, alcanzaran en su práctica totalidad la edad del servicio militar durante los años de la guerra de Vietnam. Casi todos ellos intentaron por uno u otro subterfugio evitar su participación en esa guerra. Por eso necesitan ahora hacer por representación lo que no hicieron en persona. No hay duda: en su fuero interno, aunque quizá no puedan verlo, buscan una convalidación retroactiva. Muchos teóricos de la guerra y de la manera en que ha sido conducida, comparten un común pensamiento político adscrito (a veces confusamente) al filósofo Leo Strauss, según el cual las gentes superiores, capaces de ver más allá de las preocupaciones de los ciudadanos comunes, están obligadas a imponer a su país actos que la ordinaria ciudadanía no podría entender ni aprobar.

Esto, por supuesto, pudiera derivarse también de un argumento marxista, autorizado por el conocimiento “objetivo” de la dialéctica histórica. Aunque se trata en realidad de un argumento en provecho propio: la explotación brutal del material humano caracteriza al líder. No es necesario insistir en el fondo totalitario de este pensamiento. Una teoría que también es fascista. El eminente profesor de Harvard, Stanley Hoffmann, ha subrayado el parentesco entre ciertas posiciones neoconservadoras y ciertos argumentos del fascismo italiano.

La ilegalidad internacional, el deliberado rechazo del Derecho internacional y la tortura –gratuitamente utilizados como desafío de la “moral natural” del común de las gentes– muestran una administración Bush que habría optado por colocarse al margen de una civilización basada en una moral comunitaria, liberal y moderna. No creo que éste último sea un juicio injurioso ni privado de base: me parece más bien derivado de hechos evidentes. Estamos ante una extraña opción elegida por un gobierno americano. Un gobierno que se identifica más que ningún otro en la historia de EE UU, con la cristiandad.

A este respecto deberíamos citar a ese gran novelista católico francés, Georges Bernanos. El también escritor André Malraux le preguntaba poco después de la Segunda Guerra mundial por su juicio sobre la Europa de 1945. Bernanos, que había estado exiliado en América del Sur durante la guerra, contestó: “Hemos visto los campos de concentración: Satán ha reaparecido visiblemente en el mundo”.