El primer mensaje que transmite la reforma laboral es que gobernantes y empresarios vuelven a rehuir el reto de la competitividad solvente y de futuro, para regresar a la recomposición de los beneficios por la vía rápida, que ya ni siquiera garantiza la competitividad a la vieja usanza.

Todas las reformas laborales han venido envueltas en los mismos tópicos, que a la postre han resultado paradójicos en bastantes ocasiones. Cada una se ha propuesto “aprobar la asignatura pendiente” de la modernización de nuestro mercado de trabajo, desconociendo todas las anteriores. Por ejemplo, escuchando a algunos propagandistas de la última da la impresión de que no se han hecho modificaciones en el derecho laboral español desde el franquismo y, sin embargo, es el campo que más ha modificado sus reglas de juego desde la propia transición democrática, antes incluso de que se delineasen las coordenadas del nuevo régimen de libertades. Así, ya en marzo de 1977 se dictó un Real Decreto de Regulación de Relaciones de Trabajo que contemplaba desde nuevas disposiciones para flexibilizar los despidos hasta el derecho de huelga (por cierto sigue siendo la única norma que rige su ejercicio).

Los propios Pactos de la Moncloa introdujeron modificaciones nada despreciables, como la negociación salarial en función de la inflación prevista, en lugar de hacerlo en base a la realmente registrada en el ejercicio anterior; y por primera vez se incluyó un peculiar antecedente de lo que después serían las cláusulas de “descuelgue” para las empresas que no puedan asumir los compromisos salariales establecidos en ámbitos contractuales superiores: las empresas que sobrepasasen el límite del intervalo salarial fijado en los pactos quedaban autorizadas a despedir hasta el 5% de sus plantillas. Nótese que ya entonces se inducía el despido como vía preferente para ajustar los costes. Sin embargo, todavía en…