La respuesta económica a la crisis del Covid-19 en la Unión Europea ha tenido una amplia dimensión nacional, pero viene acompañada, como nunca, por una movilización de recursos comunitaria. Al anuncio de la financiación comunitaria de los Expedientes de Regulación temporal del Empleo (ERTE) vía préstamos a partir del programa SURE, se añadió enseguida una ampliación del programa de compra de deuda pública y privada por parte del Banco Central Europeo (BCE), que ha añadido, hasta la fecha, 1,85 billones de euros en el mercado, permitiendo, entre otras cosas, mantener unos tipos de interés bajísimos para la financiación soberana de los Estados miembros. Falta sumar los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que a partir de nuevos programas como las líneas de crédito para pymes ha agilizado la financiación de negocios en apuros.

Finalmente, en julio de 2020 se acordó la puesta en marcha del Fondo de Recuperación que, con determinados instrumentos englobados en el llamado NextGenerationEU, supondrá una movilización de deuda compartida para transferencias a los Estados miembros. Un salto histórico en la, hasta ahora, demasiado lenta y errática construcción de la zona euro. El resumen de todo ello es una movilización de recursos sin precedentes: solo el Marco Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación harán aumentar el volumen de recursos que gestiona directamente la UE hasta los 1,8 billones de euros.

Estos instrumentos llegan, como es sabido, forzados por el impacto económico que ha traído y traerá la pandemia, pero también durante la legislatura que debía dar el pistoletazo de salida al llamado Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es acelerar la transición ecológica de la economía, cumpliendo con las obligaciones internacionales que derivan del Acuerdo de París contra el cambio climático. Es por ello pertinente preguntarse si toda esta movilización de recursos va a acercarnos, o…