Las situaciones excepcionales de afluencia masiva requieren la solidaridad inmediata en condiciones de seguridad para todos. Esta crisis traerá reformas, en especial la protección conjunta de las fronteras exteriores ante situaciones que puedan desbordar a un Estado.

Se ha escrito mucho desde la primavera de 2015 sobre los refugiados que llegaban a las costas griegas, una situación bautizada de forma simplista como la “crisis de los refugiados”. Las 170.000 personas no son la gota que colma el vaso en un problema que es global y afecta a 59 millones de refugiados (Datos de Acnur, julio de 2015). Los medios de comunicación encontraron crueles imágenes que sirvieron para focalizar y recrear una noticia como si fuera una novedad.

¿Hay obligación de admitir al extranjero inmigrante?

De acuerdo con el Derecho Internacional General, los Estados no tienen obligación de admitir a extranjeros en su territorio. Podrían prohibir la admisión o condicionarla. La norma es estricta, consecuencia de la soberanía del Estado sobre el territorio, por razones de seguridad. Ahora bien, los propios Estados, desde hace siglos, dulcifican esa norma consuetudinaria por necesidades varias (relaciones humanas, turismo, comercio, servicios, estudios, congresos, etcétera). Lo habitual es admitir al extranjero con condiciones temporales (máximo tres meses) y algunos controles específicos (visados en función de nacionalidades; a veces también medios económicos, billete de regreso, familiares…). La residencia de más de tres meses requiere autorización específica, así como la permanente; y la salida(incluida la expulsión) suele tener reglas nacionales predeterminadas con discrecionalidad.

Aunque el artículo 13 de la Declaración Universal y convenios de derechos humanos formulan el “derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, esto debe entenderse no como un derecho subjetivo, sino que a partir de su impulso personal, el ser humano puede buscar un Estado que…