En medio de la tremenda crisis constitucional que vive Estados Unidos sorprende que el país siga funcionando como si no sucediera nada especial. La espectacular lucha de poder entre los demócratas de la Cámara de Representantes y el presidente, Donald Trump, es seguida por la opinión pública como una comedia de enredos sin reparar en sus consecuencias. Trump aprovecha los poderes que el ejecutivo se fue arrogando durante el pasado siglo, a medida que crisis y reacciones bélicas lo exigieron, con el beneplácito o la silenciosa aceptación del legislativo. El más claro ejemplo de esta evolución es la “declaración de guerra”, que la Constitución reserva, en exclusiva, al poder legislativo, pero que en la práctica ha pasado al ejecutivo en un ambiguo equilibrio que la legislación posterior nunca ha llegado a aclarar del todo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha hecho todo lo que ha podido por evitar el proceso de destitución iniciado por la mayoría demócrata. Estaba convencida, con razón, de que no iba a prosperar con un Senado dominado por los republicanos y de que, en cambio, iba a dividir y radicalizar a la opinión pública aún más, soliviantando a la base popular que apoya al presidente y contribuyendo a su eventual reelección en 2020. Pelosi prefería someter a Trump a un progresivo desgaste de su posición, con una interminable y pertinaz investigación de sus graves abusos de poder, mediante los comités del Congreso.

El presidente, sin embargo, ha toreado todos estos intentos de someterlo al Congreso. Ha sorprendido, incluso a muchos congresistas republicanos, que Trump y sus secuaces en el gobierno y en la administración se hayan negado a obedecer las reiteradas órdenes de esos comités, negándose a presentarse a sus citaciones, a revelar sus documentos y prohibiendo a los funcionarios de la…