La Unión Europea debería redefinir el ámbito de su intervención, dividida entre la gestión de las políticas heredadas de Barcelona y los efectos del anuncio de una Unión por el Mediterráneo que aún no está operativa. España acogerá la presidencia de la Unión Europea (UE) en un entorno internacional y regional complejo y lleno de incertidumbres. Al asumir esta responsabilidad en el contexto de la aplicación del tratado de Lisboa, España tendrá que afrontar muchos retos: – La gestión de la salida de la crisis económica y social, no sólo en el plano interno sino en el plano de la UE en su conjunto. La dimensión internacional de este asunto y el imperativo de un enfoque global y de una responsabilidad compartida para su resolución, complican la tarea en un momento en que el paro entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sigue empeorando, sin que haya perspectivas creíbles de soluciones estructurales. (En 2010 la situación del mercado de trabajo será mucho más delicada en España que en 2009). – El seguimiento de la Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague, que no parece que vaya a hacer milagros, pero que pondrá a la UE en una posición delicada. – El relanzamiento de las negociaciones de Doha, después de la conferencia ministerial de finales de noviembre. También aquí asumirá la UE una gran responsabilidad en el desenlace de la crisis de las negociaciones comerciales multilaterales. ¿Estará en condiciones de dar el paso, junto con las demás potencias comerciales, para que la comunidad internacional vea la luz al final del túnel de Doha y crea en la reactivación de los intercambios internacionales como solución definitiva a los daños causados por la crisis financiera de 2007 y 2008? – Poner fin al deterioro de la…