La experiencia árabe prueba que se puede alcanzar un crecimiento económico alto sin abordar  la exclusión política, pero es improbable que este sea sostenible.

Cualquier reforma económica tiene que dar prioridad al desarrollo agrícola y rural a fin de superar los inabordables problemas de la pobreza rural.

La transición deseada hacia un crecimiento inclusivo y que genere empleo puede facilitarse mediante una mayor integración económica.

El crecimiento económico en la región árabe ha sido inestable y ha estado mal repartido dentro de los países. Ha ido acompañado de la disparidad regional y de brechas cada vez mayores entre los ricos y los pobres, así como de una creciente vulnerabilidad de los grupos desfavorecidos, entre ellos mujeres y jóvenes. Este crecimiento ha tenido lugar en el contexto de un contrato social no escrito, en el que no ha habido una supervisión popular significativa de la acción gubernamental a cambio de que el Estado proporcione ciertos beneficios materiales a la población en general. El Estado también se ha ganado la lealtad de las élites locales al concederles un acceso privilegiado a la tierra, los contratos gubernamentales y un tratamiento empresarial preferente. El desarrollo ha beneficiado, por tanto, a las élites y ha provocado exclusión política y económica.

A pesar de registrar un crecimiento medio del PIB per cápita de un 2,4% desde 1991, la pobreza, medida según el umbral de pobreza nacional, solo pasó de una media del 20,3% en los años noventa al 18,1% en la década de 2000. Este ritmo lento de reducción de la pobreza de ingresos ha ido acompañado de una ralentización del progreso del desarrollo humano medido por los cambios en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

La combinación de unas actividades económicas de baja productividad y unas altas tasas de crecimiento de la población en edad…