Sin un marco legal adecuado y con un mal aprovechamiento de las capacidades tecnológicas, España está a años luz de países como EE UU, Reino Unido, Francia o Alemania en la difusión de información sobre la acción exterior del país. Una visita a la web del MAEC es reveladora.

La transparencia informativa consiste en la capacidad del ciudadano para acceder a la información pública y objetiva tras la aportación sistemática de los elementos necesarios, con la finalidad de formarse un criterio sobre la acción y las políticas generales de gobierno. Esta capacidad se corresponde con la crítica al sistema, dado que permite la revisión de las directrices políticas por encima de las coyunturas, de los silencios informativos, la comunicación institucional o los secretos oficiales legalmente motivados.

Esta definición se relaciona con la expansión y consolidación de la gobernanza, con el cumplimiento efectivo de la ley y el respeto de los usos informativos. La transparencia facilita los procesos de elección y renovación de cargos, la implementación de las políticas públicas, la interacción entre la ciudadanía y las instituciones, así como el desempeño de los compromisos electorales. Sin transparencia, el arte de gobernar carece del contrapeso necesario de la sociedad civil, a quien los responsables públicos tienen que rendir cuentas por el grado de cumplimiento del desarrollo económico, social e institucional. El sistema político no funciona cuando el gobierno gestiona la información a conveniencia y no permite la crítica objetiva del ciudadano.

En España, el marco legal para la transparencia administrativa e institucional es limitado, porque carece de una norma general que obligue a los poderes públicos (y los entes públicos financiados) a informar sobre todo aquello que no sea confidencial. La Constitución reconoce el derecho al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en los cuatro casos…