El 23 de marzo es la fecha fijada para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolu­cionarias de Colombia (FARC). Lo que se presente ese día no será la paz, sino el punto de partida para la pacificación. Lo más difícil vendrá entonces. El Estado deberá hacerse presente en un país de geografía enrevesada de montañas, valles y selvas, con cientos de municipios en los que nunca tuvo control, con altos niveles de pobreza y que fueron escenario principal del conflicto. Los miembros de la guerrilla tendrán que encontrar un nuevo papel en la sociedad colombiana. Las víctimas necesitarán recordar que su perdón es clave para evitar más dolor.

Pero todavía no se ha llegado ahí. En la recta final de las conversaciones abiertas en octubre de 2012 en La Habana, las partes aún no han alcanzado consenso en lo referido a desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla, ni en el mencanismo de refrendación de lo que se acuerde. Querer cerrar en menos de cuatro años un conflicto de más de 50 es una tarea inmensa.

El esfuerzo habrá valido la pena y, según los expertos, ha creado una nueva vía en los procesos de paz y reconciliación. Las conversaciones han seguido una agenda de seis puntos: desa­rrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas; víctimas; y mecanismos de implementación, verificación y refrendación.

Los estudios de opinión muestran que los colombianos están tan deseosos de la paz como polarizados sobre las conversaciones con las FARC. Por ello, el gobierno quiere que los ciudadanos se apropien del acuerdo a través de una consulta popular. Las FARC plantean la refrendación por parte de una asamblea constituyente, algo inaceptable para las víctimas.

Las conversaciones entre el gobierno y las FARC han puesto sobre la mesa los horrores cometidos por todas las partes. Colombia nunca será la misma.

El representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, destaca que la participación de las víctimas ha generado “un sentimiento compartido de que es urgente poner fin a la guerra (…) Han ido más allá de su dolor y han hecho propuestas relevantes para el proceso de paz”. Ha sido la primera vez que las víctimas han participado en unas conversaciones de paz. Conflictos similares han dejado una lección: la paz y la justicia deben ser compatibles.

El Derecho Internacional ya no acepta amnistías generales en crímenes contra la humanidad (asesinatos, secuestros, violaciones, reclutamiento de menores, desapariciones). Y en Co­lombia los ha habido. El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en La Habana incluye la creación de un tribunal especial para la paz que investigará, procesará y sentenciará los mayores crímenes cometidos durante el conficlto. La Corte Penal Internacional seguirá con atención lo que suceda en Colombia.

En agosto de 2014 llegaron a La Habana las primeras 12 víctimas de un total de 60 que han participado en la mesa de diálogo.  Representaban a los 6,7 millones de víctimas reconocidas, entre ellas más de 220.000 asesinados, secuestrados, desaparecidos forzosos, falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) y desplazados (más de seis millones). Como afirmó el presidente Juan Manuel Santos, “el conflicto es solo uno. Tendría poco sentido que escucháramos a las víctimas de las FARC sin haber escuchado a las víctimas del propio Estado o las víctimas de los paramilitares”. En las conversaciones han estado sobre la mesa los horrores cometidos por todas las partes. Solo por eso, Colombia nunca será la misma.

Pero además, en estos casi cuatro años de diálogo –precedidos por una década de creciente control del territorio por parte del Estado y el debilitamiento paulatino de la guerrilla– el número de muertos y desplazados se redujo de forma drástica. Colombia vivió en 2015 el periodo de menor violencia desde que se crearon las FARC, en 1964. Y ello acompañado de una década de alto crecimiento económico y reducción de la pobreza. Los colombianos no quieren volver atrás.

La otra guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no ha participado en las conversaciones de La Habana. Ese será otro proceso negociador, y estará marcado por lo que se acuerde con las FARC y la manera en que la sociedad perciba los rendimientos de la paz.

A finales de febrero, se dudaba que el 23 de marzo pudiera presentarse un acuerdo definitivo. El empuje de la economía colombiana en lo que sería el posconflicto tampoco parece claro en el corto plazo. Pese a los obstáculos que se presentan, Política Exterior reúne en este número a cinco expertos para analizar el camino recorrido y las razones que hacen que esta vez la paz sea posible.