Es necesario proponer medidas que superen el concepto conciliación, que ha sido asociado exclusivamente a las mujeres, y desarrollar propuestas que vinculen a hombres y mujeres con las tareas del ámbito privado de los hogares y las familias. La corresponsabilidad es una de ellas.

Hablar de conciliación de la vida familiar y laboral es referirse a la posibilidad de que los miembros de nuestra sociedad puedan desarrollar de modo satisfactorio e igualitario la compatibilidad de las actividades reproductivas y las productivas, sin que esto suponga costes laborales no deseados ni afecte a la tasa de natalidad.

Las políticas de conciliación, en la actualidad, mantienen la estructura tradicional de papeles, ya que las medidas laborales reconocidas para hacer efectiva la conciliación han sido dirigidas a mujeres asalariadas. Esto unido a un desigual reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres en la esfera privada, la perpetuación de la división del trabajo en función del género y un déficit de servicios públicos de apoyo, ha generado una desigualdad en el acceso y el mantenimiento del empleo por parte de las mujeres, afectando también a su calidad de vida y a la productividad empresarial.

Las políticas para la conciliación de la vida familiar y laboral deben ser consideradas, en este momento, políticas que preserven el derecho de las mujeres a acceder al mercado de trabajo y a permanecer en él, sin que la situación familiar sea un elemento discriminatorio. Estas medidas también deben tener en cuenta el derecho de los hijos e hijas a ser cuidados y educados por sus progenitores, y el derecho de las personas dependientes a ser atendidas. Ante esta exposición se puede afirmar que ninguna medida para fomentar la conciliación obtendrá los objetivos perseguidos si no se define en términos que fomenten la corresponsabilidad, definida esta como “la asunción equitativa…