El deterioro de las cuentas de la Seguridad Social ha obligado a recurrir al fondo de reserva. Aunque en 2014 comenzaron a recuperarse los ingresos por cotizaciones sociales, el gobierno  hubo de disponer de unos 15.000 millones, a los que en julio de 2015 añadió 3.750 millones.

En los 20 años transcurridos desde que los partidos políticos aprobaran el Pacto de Toledo, en abril de 1995, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones se ha mantenido, con picos y valles, en la agenda pública. El Pacto, que afirmaba el compromiso de mantener la Seguridad Social como sistema contributivo de reparto, pretendía también prevenir el conflicto político y la utilización electoralista de las pensiones. Sin embargo, el objetivo de “despolitizar” las pensiones, canalizando las discusiones hacia una comisión parlamentaria creada específicamente para ello, solo se consiguió de forma limitada. (1) No cabía esperar otra cosa tratándose de la política social que absorbe más recursos públicos en cualquier Estado del bienestar. Además, los cambios que desde entonces se han producido en las principales magnitudes del sistema de la Seguridad Social han sido de tal entidad, que cualquier intento de esquivar el debate público en torno a ellos habría resultado ingenuo e infructuoso.
De la calma a la agitación: el giro de la política de pensiones

Lo cierto es que mientras la publicación de estadísticas y análisis sobre el envejecimiento de la población española y el imparable aumento efectivo y previsible del número de pensiones generaba una inquietud social imprecisa (oscilante entre el catastrofista “los jóvenes no cobrarán pensiones” y el providencialista “ya se verá”),  en los 15 años siguientes a la aprobación del Pacto, las reformas del sistema de pensiones fueron más bien escasas. Las decisiones políticas adoptadas durante ese periodo abordaron muchos aspectos del sistema y afectaron tanto a sus…