La estrategia de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se entiende como un intento de integrar el territorio nacional, desarmar a los grupos insurgentes, y restaurar tanto el monopolio del gobierno sobre el uso de las armas como su control sobre la totalidad del país. No se trata de un acuerdo para reestructurar el país y el Estado a la imagen marxista de la guerrilla; más bien conseguir un acuerdo esencialmente político lo más digerible posible para la democracia liberal colombiana.

Colombia no es un Estado fallido ni una democracia efímera, como podrían ser los casos de El Salvador y Guatemala, que requiere ser reconstruida desde sus bases. Serán necesarias reformas de profundo calado como la Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas, eso sí, pero no desmontar el Estado para reconstruirlo como aspiraba la guerrilla a lo largo de una guerra de medio siglo con sus casi 250.000 muertos y más de seis millones de desplazados.

Además del extraordinario éxito de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa –una estrategia que acabó diezmando a la guerrilla de forma decisiva–, la razón por la cual las FARC finalmente respondieron al momento histórico está indudablemente relacionada con la brillante política regional del gobierno colombiano, que ha sabido reconciliarse con los países del eje bolivariano, achicando de esta manera el espacio político latinoamericano en el que se movía la guerrilla. El caso del proceso colombiano no es, pues, muy diferente a lo que sucedió en Oriente Próximo y Centroamérica, donde fue el cambio en el entorno internacional y regional, surgido tras el final de la guerra fría, el que creó las condiciones para el inicio de un proceso de paz.

Además, a…