Las decisiones de seguridad y defensa han estado siempre en manos de círculos limitados de políticos, militares y diplomáticos, ajenos al debate público parlamentario. El recurso al Parlamento para legitimar una guerra en Siria muestra el cambio de tendencia.

La cadena de acontecimientos en torno a la crisis en Siria muestra la extremada complejidad de la situación geopolítica actual en Oriente Próximo. Uno de los aspectos situados en el centro del debate ha sido la intervención de los parlamentos de los países occidentales en la decisión de intervenir o no militarmente en la zona. A este respecto, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y Francia, la opinión de los parlamentarios nacionales resultó decisiva a la hora de que los responsables de los ejecutivos tomasen una decisión tan trascendente como emprender acciones militares en un país extranjero. Por ello, no está de más recordar cuál es el papel de los parlamentos en esta materia, relativa a la defensa y las relaciones internacionales, en los países de nuestro entorno, para así poder determinar el grado de control que las cámaras legislativas de los diferentes países tienen sobre estas decisiones.

Las materias de relaciones exteriores y defensa tradicionalmente han estado en el ámbito exclusivo del poder ejecutivo, salvo en lo que tiene que ver con las declaraciones de guerra, competencia atribuida tradicionalmente a los parlamentos, y que la Constitución española recoge en el artículo 63.3. No obstante, este instrumento de actuación parlamentaria no se ha utilizado en Occidente desde la Segunda Guerra mundial, y no se puede decir que en este periodo de tiempo las fuerzas armadas de estos países no hayan estado envueltas en conflictos militares. Simplemente, la utilización de estas declaraciones ha caído en desuso, teniendo en cuenta que ninguna de esas intervenciones militares, incluso las más largas y…