En unos meses, la lucha contra los paraísos fiscales, una serpiente de verano aparentemente agotada, ha vuelto a estar de actualidad. Desde que en febrero de este año estalló el denominado “escándalo de Liechtenstein”, no pasa una semana sin que aparezcan en la prensa declaraciones políticas acerca de la necesidad de poner fin a las “jurisdicciones piratas”, de aumentar la transparencia o de luchar contra el fraude fiscal. La crisis financiera ha hecho que se refuerce el discurso político en este sentido.

Tras la declaración en julio de 2008 de los jefes de Estado y de gobierno del G-8, que destacaba la necesidad de aplicar las normas de transparencia e intercambio de información y pedía a la OCDE que informara al cabo de dos años respecto a su buena aplicación, ahora le ha tocado a las Naciones Unidas, durante las recientes negociaciones en el marco de la Ronda de Doha, pero también al G-20 en Washington, el 15 de noviembre, asumir estas normas y pedir su aplicación inmediata. ¿Qué se oculta detrás de este aparente consenso? ¿La búsqueda de un chivo expiatorio en el contexto de desbandada de los mercados financieros o una tendencia profunda en nuestras sociedades abiertas a una menor tolerancia ante el fraude fiscal?

La propia expresión “paraíso fiscal” (más imaginativa en francés o en español que en inglés, tax haven) forma parte de esos términos, mal definidos, que son un cajón de sastre en el que todo está asociado con paisajes de playas de arena dorada y cocoteros o de lagos y montañas… El número de paraísos fiscales varía en función de la definición utilizada, incluyendo países tan diferentes como Samoa, Bahamas, Liechtenstein, Mónaco, pero también para algunos Irlanda, Holanda y, ¿por qué no?, Francia y Dinamarca.

Además de esta imprecisión, la ilusión óptica que…