George W. Bush inició su gobierno con una actitud pasiva respecto al conflicto palestino-israelí. El presidente declaró que rechazaba implicarse personalmente en la cuestión, considerando que “tienen que ser las partes en conflicto quienes encuentren la solución”.

El distanciamiento no significó que la política estadounidense no siguiera siendo básicamente proisraelí, aunque esporádicamente se criticasen sus excesos militares. La posición estadounidense satisfacía al primer ministro israelí, Ariel Sharon, quien también consiguió que Bush no invitase nunca al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasir Arafat, a Washington mientras no condenase la violencia y contuviese la Intifada.

Washington vetó a finales del pasado marzo una resolución a favor de enviar una fuerza internacional a Cisjordania y Gaza, al mismo tiempo que Bush hacía pública su más firme posición contra Arafat, al manifestar que “la ANP debería hablar pública y decididamente en un lenguaje que entienda el pueblo palestino, condenando la violencia y el terrorismo (…) la señal que estoy enviando a los palestinos es que pongan fin a la violencia y no puedo decirlo más claro”, el Congreso pedía a Bush que cerrase la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington y cortase la ayuda a la ANP.

La actual política estadounidense en Oriente Próximo fijó tres líneas de actuación que ha mantenido hasta el atentado del 11 de septiembre. En primer lugar, reafirmó su visión global de la región sin concentrarse en la cuestión palestina, a la que no se consideró una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de las monarquías petrolíferas del Golfo, lo que sí constituye un eje prioritario de EEUU en Oriente Próximo.

De esa manera, el conflicto palestino era considerado más un asunto interno de Israel que un problema que implicase a la comunidad internacional, y prueba de ello…