Con una popularidad bajo mínimos, Musharraf se enfrenta a elecciones presidenciales, legislativas y regionales, previstas para otoño. Si en el exterior el general cuenta con el respaldo de EE UU, en el interior una oposición cada vez más poderosa reclama el cambio.

El secuestro de centenares de personas en la Mezquita Roja de Islamabad por parte de islamistas y el posterior asalto del ejército pakistaní, el 10 de julio, así como las protestas tras la destitución en marzo del presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudry, restablecido en sus funciones por el propio tribunal el 20 de julio, marcan una nueva etapa para el gobierno del presidente, Pervez Musharraf. El dictador había gozado de un control casi absoluto de la escena política pakistaní desde que en 1999 se pusiera al frente de un golpe de Estado. Su grave error de cálculo al suspender a Chaudry, de forma inconstitucional, desencadenó una ola de manifestaciones por todo el país lideradas por los magistrados. La oposición no tardó en subirse al carro de unas movilizaciones crecientemente violentas, pero en su caso para pedir la dimisión del presidente.

Buena parte de la efervescencia de estos últimos meses en Pakistán está relacionada con el hecho de que este otoño se abre un proceso electoral decisivo: tres elecciones, dos directas –legislativas y regionales– y una indirecta –presidencial–. El resultado marcará decisivamente el futuro próximo del país.

A estas alturas, se dibujan en el horizonte diversos escenarios. En todo caso, sea cual sea el resultado, parece claro que se va a abrir una nueva etapa política. Teniendo en cuenta la posición geoestratégica de Pakistán en la llamada “guerra contra el terrorismo”, y su condición de potencia nuclear, no cabe duda de que la comunidad internacional va a prestar mucha atención a los acontecimientos del país durante los próximos…