Hace más de una década dos politólogos, Javier Corrales y Michael Penfold, advirtieron sobre la aparición en América Latina de regímenes que sin ser autocracias tampoco eran democracias. A estos regímenes se les calificó de híbridos, y en esta categoría se incluían los países llamados “bolivarianos”. Se caracterizaban por: impulsar gobiernos partisanos que politizaban la administración, incluyendo las agencias autónomas y de regulación; erosionar los contrapesos institucionales y los mecanismos de rendición de cuentas, incluida la justicia; elaborar nuevas constituciones con el fin de perpetuar a los elegidos; desarrollar estrategias de confrontación con la oposición y la sociedad civil desafecta, activando de manera periódica referéndums; y por utilizar todos los mecanismos de la gobernanza electoral en beneficio de sus candidatos.

Obviamente, estas características no se aplicaban ni de la misma forma ni con la misma intensidad en cada uno de los regímenes, y algunos estaban más lejos de la democracia que otros. En esta clasificación, Nicaragua, con la llegada de Daniel Ortega, se convirtió en uno de los países con más rasgos autoritarios.

Hoy Nicaragua forma parte del subtipo de regímenes híbridos y, como todos ellos, tiene un sistema hiperpresidencialista, un discurso que apela a la radicalidad democrática y que ignora los preceptos liberales, con una práctica política que minimiza la oposición y controla la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, Nicaragua mantiene tres singularidades que le separan de los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La primera es que a diferencia de lo que supusieron Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, en Nicaragua Ortega nunca representó –con su vuelta al poder en 2007– un rostro nuevo. Ortega era un personaje omnipresente desde los años ochenta del siglo XX, cuya autoridad se asocia al recuerdo de la revolución y al control férreo que ejerce en el Frente…