Colombia ha sido desde principios de la década de los noventa del siglo XX uno de los mayores productores de dos de los psicotrópicos ilegales de mayor visibilidad global: cocaína y heroína. Estamos ante un fenómeno internacional. Drogas de origen latinoamericano se usan en todo el hemisferio occidental, en Europa y también en Asia. Las rutas de su tránsito a distintos mercados atraviesan todos los continentes. Las políticas públicas para su control, ligadas a la prohibición, son fenómenos políticos y sociales también de carácter global. El problema mundial de las drogas es un hecho social, cultural y económico que articula toda la institucionalidad internacional punitiva y que tiene impactos de diferente intensidad en cuanto a salud pública, finanzas y seguridad en distintos países.

En Colombia, al igual que otros países asolados por las consecuencias de la producción y el tráfico de drogas ilegales, el fenómeno ha atravesado desde sus orígenes la pirámide de una sociedad jerárquica y estratificada. La evidencia de las últimas tres décadas señala que los actores son múltiples: campesinos cultivadores, operadores de los rudimentarios laboratorios que refinan las sustancias, comerciantes de precursores químicos, cárteles y cartelitos de pequeños, medianos y grandes traficantes, elementos de las fuerzas de seguridad, oficiales corruptos, bandas criminales y guerrillas que operan en territorios de cultivo, funcionarios de la banca, empresarios que eventualmente son interpelados por estas dinámicas, políticos locales y nacionales… Al igual que en cualquier otra parte del mundo donde hay producción y mercado, la rentabilidad debida a la ilegalidad articula numerosas interdependencias que finalmente se expresan en un escenario transnacional. En América Latina, y en Colombia en particular, la explicación del fenómeno de las drogas interpela a una dimensión de la economía política internacional, más allá de actores específicos domésticos como las guerrillas, la banca, los funcionarios públicos, las fuerzas…