La guerra y posguerra iraquí no podrían haberse llevado a cabo sin el trabajo de las empresas privadas de seguridad. Aparte de socavar la “guerra de las ideas”, el coste de los contratistas es inmenso para la democracia, el Estado de Derecho y el futuro del ejército regular.

La guerra de Irak fue un momento fundamental para una nueva categoría de actores armados no estatales conocidos con el nombre de compañías militares privadas. La industria militar privada actual surgió a principios de los años noventa, impulsada por el final de la guerra fría, las transformaciones en la naturaleza de la guerra y la tendencia hacia una privatización de las funciones gubernamentales. Pero creció enormemente en tamaño y en alcance con la guerra de Irak de 2003.

En lugar de ser los mercenarios individuales del pasado, hoy son empresas que ofrecen una amplia gama de servicios militares, desde operaciones tácticas de combate y planificación estratégica hasta apoyo logístico y ayuda técnica. Sin embargo, no tardó en hacerse patente que el crecimiento de esta nueva industria había llegado demasiado lejos demasiado rápido, lo que provocó complejos dilemas para la misión en Irak y para la política exterior de Estados Unidos en general.

Los cálculos sobre el número de personal contratado en Irak varían enormemente. En 2006, el Comando Central de EE UU situaba esta cifra en torno a los 100.000. Ese mismo año, el director de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Irak calculó que había 181 compañías de seguridad privada trabajando en el país con “algo más de 48.000 empleados”. En 2007, un censo interno del departamento de Defensa de EE UU situaba en cerca de 180.000 los contratistas empleados en Irak (comparados con las 160.000 unidades totales de las tropas estadounidenses en esa época). Esta cifra podría haberse…