Desde la revisión constitucional de 1992, Marruecos inició un proceso de reforma política que el Rey trató de culminar invitando a la oposición a formar gobierno tras las elecciones de 1993, en las que por primera vez en más de treinta años los dos partidos de oposición mayoritarios, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Istiqlal, constituidos en un frente (Al-Kutla al-Dimuqratiyya), ganaron 91 escaños de los 222 elegidos por sufragio universal (dos tercios del Parlamento). Sin embargo, a comienzos de 1995 el soberano tuvo que renunciar a esta eventualidad, dado que la oposición no aceptó la invitación al no estar dispuesta a gobernar sin tener mayoría en el Parlamento (ya que las posteriores elecciones indirectas corrigieron el voto popular y sustrajeron la mayoría a la Kutla) y al no lograr marginar del gobierno al poderoso ministro del Interior, Driss Basri.

Tras un año y medio de desesperanza política y pesimismo económico, en el que no ha faltado un enorme desconcierto ante la enfermedad que amenazó al rey Hassan durante un tiempo, el 20 de agosto de 1996 el soberano marroquí anunció en un discurso a la nación la esencia y el calendario de las reformas que iba a relanzar. El proceso comenzaría con un nuevo cambio constitucional y habría de concluirse en mayo de 1997 tras la celebración de elecciones legislativas.

El 13 de septiembre pasado se celebró el referéndum por el cual se aprobó (con el 99,5 por cien de “síes”) la modificación de la ley fundamental, destinada básicamente a consagrar una reforma política (bicameralismo) y otra administrativa (descentralización a través de la regionalización del país). Dos elementos sustanciales habría que resaltar en torno a esta nueva enmienda constitucional: la supresión del sufragio indirecto en la elección de la Cámara de representantes y el apoyo de la oposición al nuevo texto a pesar de no haber participado en su elaboración.

El optimismo que han suscitado estos acontecimientos, dentro y fuera del país, procede no tanto de su alcance inmediato como del valor simbólico que significa que, por primera vez en casi cuarenta años, un comienzo de consenso entre oposición y palacio pueda cristalizar, quebrando lo que ha sido el statu quo político del régimen basado en una dualidad difícil de conciliar entre los partidos surgidos del Movimiento Nacional y el poder real. Para comprender la verdadera dimensión de este hecho es necesario analizar los elementos sustantivos del régimen marroquí y su evolución hasta hoy.

«Este título dota al rey de Marruecos de un liderazgo político-religioso que le sitúa por encima de la Constitución»

Marruecos es una “monarquía constitucional, democrática y social” según estipula el artículo 1 de su Constitución, aunque son sobre todo los artículos 3 y 19, los que definen la esencia de su sistema político. Ambos artículos inspiran la dualidad que caracteriza al régimen respecto a sus instituciones (tradicionales y modernas), sus protagonistas (Rey y partidos surgidos del Movimiento Nacional) y su legitimidad (religiosa y política).

El artículo 19 consagra la “tradición del régimen”, según expresión del pensador marroquí Abdallah Laroui, declarando al rey Amir al-Mu’minin (guía supremo de los musulmanes) por su condición de sheriff o descendiente del Profeta. Este título dota al rey de Marruecos de un liderazgo político-religioso que le sitúa por encima de la Constitución. Su soberanía es de esencia divina, lo que le convierte en “sagrado e inviolable”, y por esta condición es él quien avala a la Constitución, otorgándose la misión de controlar a los poderes ejecutivo y legislativo.

Al ser el islam la fuente de legitimidad primera del jefe del Estado, el sistema político marroquí ha integrado para la exclusiva legitimación política del Rey elementos institucionales que proceden de la tradición islámica. Éste es el caso de la bay’a o juramento de fidelidad de la comunidad musulmana a su príncipe, emanado del proceso político del islam clásico. La bay’a se realiza anualmente en Marruecos con ocasión de la fiesta del trono a través de un acto simbólico de fidelidad al Rey expresado por ulemas, notables y representantes del país.

Por su parte, el artículo 3 de la Constitución establece un sistema político pluralista al proclamar que “no puede haber partido único” en Marruecos. El origen de esta prescripción estuvo en el interés del rey Muhammad V por atomizar al Movimiento Nacional para que el Partido Istiqlal, líder de la lucha anticolonial, no surgiese tras la independencia como un poderoso partido único que tendiese a debilitar el poder de la monarquía, si no acababa aboliéndola, como ocurrió en Túnez.

Asimismo, la relación entre los dos niveles de legitimación y de representación existentes en el universo político marroquí –el del Rey y el del Parlamento– se va a basar en la predominancia del primero sobre el segundo. Por encima del Derecho constitucional moderno encargado de regular las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se erige un orden político califal, basado en la tradición jurídica islámica que afecta al Comendador de los Creyentes, representante del Profeta. De ahí que la forma monárquica del régimen marroquí y las disposiciones relativas al islam sean dos cuestiones nunca susceptibles de revisión constitucional (art. 100). De ahí también que el Rey asuma el monopolio del espacio religioso, que la Constitución establezca la supremacía del soberano sobre la Cámara de representantes y que la estrategia del trono frente a los partidos políticos surgidos del Movimiento Nacional haya sido siempre la de promover su escisión.

Desde 1962 todos los textos constitucionales marroquíes han presentado una estructura de democracia liberal con un poder ejecutivo fuerte, erigiendo la figura del Rey en clave fundamental del sistema. Asimismo, dichos textos pueden ser definidos como “otorgados”, dado que en todos ellos ha faltado un proceso constituyente y, hasta 1996, el consenso de la comunidad política marroquí. La Constitución de 1962 fue fruto de un comité constitucional designado por Muhammad V, en el que sólo participó el líder del Istiqlal Allal al-Fasi, mientras que la Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP), el Movimiento Popular (MP) y el Partido Democrático Constitucional (PDC) reclamaban una asamblea constituyente que nunca se hizo realidad. Recién llegado al trono, Hasan II promulgó esta Constitución sobre la que afirmó haber “concebido personalmente el proyecto” y que definió como “construida con mis propias manos”.

En 1970, una nueva Constitución vino a fortalecer la primacía de la monarquía, tras cinco años de Estado de excepción caracterizados por la persecución política, la agitación estudiantil y la crisis económica. El nuevo texto fue rechazado por el Istiqlal y la UNFP, boicoteando el referéndum que para su aprobación se celebró el 24 de julio de 1970.

«Sin duda fue el relanzamiento de la cuestión del Sáhara en 1974 el hecho en torno al cual se fue concretando el sistema político y no alrededor del sufragio universal»

En 1972, los partidos de oposición cambiaron el boicot por la abstención en el referéndum que el 1 de marzo aprobaba la tercera Constitución del reino. Esta nueva ley fundamental quería representar un intento de acercamiento a la oposición por parte de una monarquía debilitada por un intento de golpe de Estado en 1971 y el malestar social. Los cambios constitucionales se plasmaron en el aumento del número de diputados por elección directa y en leves recortes en la capacidad legislativa del Rey. Sin embargo, la negativa del Bloque Nacional (UNFP e Istiqlal) en abril de 1972 a participar en un gobierno de unión nacional y la consiguiente reacción del monarca de aplazar sine die las elecciones, retrasó la aproximación entre poder y oposición hasta 1974.

Sin duda fue el relanzamiento de la cuestión del Sáhara en 1974 el hecho en torno al cual se fue concretando el sistema político y no alrededor del sufragio universal. La cuestión del Sáhara permitió al trono tanto alejar al ejército como limitar el campo de acción de la oposición. Aquel año fue el punto de arranque de un proceso de flexibilización política en el que se rebajó la censura; se legalizó a la USFP y al Partido del Progreso Socialista (comunista); se permitió la libertad de prensa; y se ampliaron las competencias de los ayuntamientos. La apertura del régimen era fruto de la doble necesidad del trono de, por un lado, reforzarse tras haber sufrido un segundo intento de golpe de Estado en 1972 y, por otro, de alcanzar un manifiesto consenso nacional sobre la “marroquinidad del Sáhara occidental”.

Estas circunstancias permitieron que se restaurase el proceso electoral en 1976 y que se eligiese el tercer Parlamento de Marruecos en 1977. No obstante, el binomio Sáhara-liberalización política no duró mucho tiempo y la democratización del país quedó “hibernada” hasta que la cuestión del Sáhara quedase resuelta. Éste fue el argumento esgrimido por el Rey cuando en 1989 convocó un referéndum para que se aprobase la suspensión de las elecciones hasta que tuviese lugar el del Sáhara. Asimismo, la contrapartida implícita a esa cierta libertad era desempeñar el juego político sin poner en duda sus principios fundamentales: la institución monárquica, el dominio reservado del Rey sin delimitación constitucional, el islam, las grandes opciones nacionales y la naturaleza del funcionamiento parlamentario. Quedaban excluidos del sistema político la extrema izquierda, Ila al-Amam, y desde mediados de los años setenta, los islamistas.

El pluripartidismo marroquí

Si bien el pluralismo del sistema político marroquí nació como forma de lucha contra los grupos emanados del Movimiento Nacional y el carácter monolítico del poder pone serias trabas a su desarrollo, hay que señalar que los partidos políticos nacionalistas han sabido garantizarse un espacio avalado por un discurso de oposición mantenido durante décadas.

Asimismo, aunque el Rey no reconozca intermediarios entre él y el pueblo y aunque los partidos de oposición hayan estado tradicionalmente situados al margen de la decisión política (salvo el Istiqlal que participó en el gobierno entre 1961-63 y 1977-84), ambas partes, el poder central y la oposición, nunca han roto completamente su relación conscientes de que, llegado el momento, necesitarían del apoyo del otro para la normalización de la vida política. Así ocurrió en 1975, en 1992 y en la actualidad. El Rey necesita la participación de la oposición y su aceptación de las reglas del juego, y la oposición un espacio de libertad para renovar su implantación entre las masas. Esta dinámica ha constituido una de las constantes del sistema político marroquí.

Nacidos todos del Movimiento Nacional que lideró la lucha por la independencia, son sobre todo el Istiqlal y la USFP los dos núcleos principales en torno a los cuales se articula el asociacionismo político de oposición, junto a sus respectivos sindicatos, la Unión General de Trabajadores Marroquíes (UGTM) y la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). El Istiqlal constituye una derecha nacionalista en la que el islam es un importante eje de su discurso. Aliado del poder en los primeros años de la década de los sesenta, reintegrado en el gobierno entre 1977 y 1984, ha sido en los años noventa cuando se ha situado realmente en la oposición a través de su inclusión en el BD.

La UNFP, nacida en 1958, fue una escisión del Istiqlal por la izquierda, bajo la batuta de Mehdi Ben Barka, secuestrado en París en 1965 y asesinado. Dirigida en la actualidad por Abdallah Ibrahim, cuenta con una influencia relativa. De hecho, es la rama separada de la UNFP en 1972, la USFP, dirigida por Abderraman Yussufi, la que con un programa de corte social-demócrata ocupa más ampliamente el espacio asociativo marroquí, si bien sus divisiones internas se han ido acuciando en los últimos años no sólo entre un sector partidario de la moderación y unas bases más jóvenes y radicalizadas, sino también entre los partidarios de atraerse sectores islamistas y los contrarios a ello. A la izquierda de la USFP se sitúan el Partido del Progreso y el Socialismo (ex comunistas) legalizados en 1974 y liderados por Ali Yata y el marginal grupo marxista Organización de Acción Democrática y Popular (OADP), legal desde 1984.

Frente a este grupo de partidos, el poder ha sentido la necesidad de contar con formaciones políticas que funcionen como el “partido del Estado” y se enfrenten a las fuerzas políticas nacionalistas. Esas formaciones de elite, más corporaciones parlamentarias que partidos, fueron creadas ante la inminente celebración de elecciones, agrupadas en torno al primer ministro del momento. Así nacieron en 1957, el Movimiento Popular (MP) con el objetivo de controlar a la población bereber a través de redes clientelistas, y el Partido Democrático Constitucional (PDC) para debilitar al Istiqlal en los primeros años de la independencia.

«La ideología que reposa en los miembros de estas formaciones es una combinación de “hasanismo”, liberalismo y economía de mercado que puede ir de una tendencia extrema a otras más racionales»

Más tarde será de las filas de los “independientes” de donde se nutra el poder para dotarse de una mayoría gubernamental con forma de partido. En 1978 nacía el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), encabezado por el entonces primer ministro Ahmed Osman, entre los diputados independientes de la Cámara elegida en 1977. La división del RNI tuvo como consecuencia el nacimiento del Partido Nacional Democrático (PND) en las legislativas de 1984. Un año antes se había formado a través del ministro del Interior, Red Guedira, la Unión Constitucional (UC) liderada por el entonces primer ministro Maati Bouabib, para afrontar los comicios municipales de 1983. La ideología que reposa en los miembros de estas formaciones es una combinación de “hasanismo”, liberalismo y economía de mercado que puede ir de una tendencia extrema a otras más racionales.

Al margen de estos dos grandes bloques partidistas que el Rey aspira a convertir en los dos ejes de un sistema liberal bipolar –a la manera británica o norteamericana, según afirmó en su discurso del 8 de noviembre de 1993– existen otras formaciones políticas ilegales, principalmente los grupos islamistas y el grupo de izquierda radical Ila al-Amam (Hacia adelante) que apoya la independencia del Sáhara y cuyo marco de influencia se centra en medios estudiantiles y sindicales.

Parlamento y elecciones

El Parlamento marroquí, bicameral entre 1962 y 1970, estuvo constituido por una Cámara de representantes elegida en sus dos tercios por sufragio universal y un tercio por sufragio indirecto entre las Cámaras de Comercio e Industria, Agricultura y Artesanado, los sindicatos y los concejales municipales.

Por esta razón, las elecciones municipales tienen gran importancia en Marruecos y siempre han de anteceder a las legislativas. De esta forma, Marruecos ha conocido un gran número de consultas populares entre municipales, legislativas y corporativas, aunque la subordinación efectiva de éstas ha desnaturalizado el pluripartidismo y reducido el papel de las elecciones a un segundo plano.

«En tanto que la legitimidad real prevalece sobre la democrática, la elección de los representantes del pueblo es un asunto que nunca debe amenazar al poder central»

Tal y como está organizado el sistema político marroquí, las elecciones no han podido pretender operar por sí mismas la delegación de la soberanía, dado que ésta se ha organizado en torno a un esquema circular donde todo parte del trono y todo vuelve al trono. En tanto que la legitimidad real prevalece sobre la democrática, la elección de los representantes del pueblo es un asunto que nunca debe amenazar al poder central.

Por otro lado, la percepción de la monarquía sheriffiana sobre el papel de los diputados marroquíes ha tendido a ser más la monarquía que da “consejos y asistencia al legislador supremo en el marco de la churà” que la que define una política o la controla. Sin embargo, los comicios han permitido al poder contar con una mayoría parlamentaria como instrumento de gobierno y proveerle de una vía para la renovación de las elites.

El control gubernamental sobre las consultas populares se ha logrado históricamente a través de un marco electoral impuesto, que sólo en las últimas legislativas de 1993 fue modificado teniendo en cuenta algunas de las reivindicaciones de la oposición, lo que se plasmó en el establecimiento de mecanismos de control del proceso, inexistentes hasta entonces.

Otro de los elementos que ha caracterizado al sistema electoral marroquí ha sido el carácter corporativo de una parte del Parlamento, lo cual ha permitido también el control gubernamental sobre los resultados. El tercio de los diputados elegido por sufragio indirecto ha estado destinado a corregir el voto popular, al reforzarse por esta vía la presencia de diputados oficialistas. En 1963 fue la forma por la que se difuminó el éxito electoral de la oposición y en 1992 ocurrió algo similar.

Por otro lado, la aplicación del sistema mayoritario para los dos tercios de los diputados elegidos por sufragio universal directo desfavorece a los partidos de oposición. Asimismo, hasta 1984 las candidaturas eran uninominales, lo que favorecía la elección de notables locales y ampliaba el número de independientes en las elecciones marroquíes. De las filas de esos independientes se han nutrido tradicionalmente las formaciones políticas oficialistas que integran las clientelas del poder, y que son inspiradas en buena medida desde el ministerio del Interior. Cuando en 1984 se prohibieron las candidaturas independientes a favor de las listas de partidos se debió principalmente al objetivo de impedir la filtración islamista a través de las primeras.

A estos factores habría que añadir que la división de las circunscripciones establece grandes desigualdades en la representación, sobrerrepresentando las regiones montañosas y semidesérticas e infrarrepresentando las zonas urbanas donde está mejor implantada la oposición de izquierda. En consecuencia, a la oposición le cuestan sus diputados muchos más votos que a los “oficialistas”.

Finalmente hay que señalar que la falta de asistencia electoral se ha debido también a la probable existencia de un sistema de cuotas pactado con la administración, por el cual se adjudican previamente un número determinado de escaños, de acuerdo con la representatividad que las autoridades confieren a cada uno de los partidos en liza. Unido a esto, las relaciones personales, los lazos familiares y clientelistas, y las filiaciones tribales continúan siendo formas primordiales de comportamiento político y electoral entre las elites del país, no importa el partido de que se trate.

En cuanto a la función que las elecciones han ido desempeñando para el poder, habría que señalar que sirvieron en los años sesenta para preservar el apoyo de las antiguas elites, sobre todo rurales y, a partir de los años setenta, para integrar a las nuevas surgidas de la modernización de las actividades administrativas, industriales y comerciales. Respecto a la oposición surgida del Movimiento Nacional, en los primeros años de la independencia gozó de un peso que equilibraba al de las fuerzas del poder. Así, en las primeras elecciones comunales de 1960, el Istiqlal y la UNFP obtuvieron la mayor parte de las municipalidades, y en las legislativas de 1963 lograron también un éxito considerable (51,98 por cien de los votos) aunque después el monarca y su gobierno corrigieron con los diputados elegidos corporativamente por sufragio indirecto. La creciente ruptura del diálogo entre oposición y poder se tradujo en un refuerzo del régimen hacia la represión, la persecución y finalmente el Estado de excepción entre 1965 y 1970.

Los procesos electorales celebrados entre 1976 y 1984 sirvieron de catalizadores de la apertura que el régimen inició en 1974. En las legislativas de 1977, la oposición logró el 36,25 por cien de los votos, y en las de 1984, el 27,7 por cien, mientras el Parlamento quedaba controlado en ambos casos por los partidos oficialistas. Lejos del 51,9 por cien de los votos que obtuvieron los partidos del Movimiento Nacional en 1963, los resultados y las tasas de abstención de 1977 y 1984 ponían de manifiesto, al margen del fraude, la crisis de la oposición marroquí, tras diez años de represión, marginación y estrategias de atomización, a los que le sometió el poder desde 1965. Crisis que, en las últimas elecciones de 1993 parece que se empezó a remontar, logrando el 44,5 por cien de los 222 escaños elegidos por sufragio directo.

De nuevo la transición

No le faltaba razón al editorial del periódico marroquí Al Bayane cuando afirmaba el 28 de mayo de 1994 que ya no se trata de iniciar una “novena transición” ni de lanzar otra fórmula “provisional” en las que el pueblo marroquí ya no cree aunque sólo sea por su cíclica emergencia desde hace años, sino de “favorecer la concreción de una auténtica alternancia y abrir el camino al cambio”. Esta reacción era desencadenada por el bloqueo del último intento de transición, inaugurado por la reforma constitucional de septiembre de 1992 que volvió a animar la vida política del país, hasta entonces “hibernada” por la cuestión del referéndum del Sáhara. Los ejes principales del cambio político de entonces, en los que el Rey se erigió como árbitro, fueron la apertura del diálogo con la oposición en torno a sus reivindicaciones, la restauración electoral y el cambio del marco legal, afectando a la Constitución, la ley electoral, la de familia o Mudawwana y al Código penal.

Los cambios constitucionales se plasmaron principalmente en la aparición de una mención explícita al respeto por los derechos humanos, propuesta por parte del primer ministro y los miembros del gobierno al Rey; el sometimiento al Parlamento de la aprobación del programa del gobierno; la creación de un Consejo Económico y Social y de un Consejo constitucional. No obstante, reivindicaciones de la oposición, como la elección del Parlamento por sufragio universal en su totalidad, y la adopción de una ley electoral de sistema proporcional, fueron desoídas.

La recuperación e incentivación de la reforma política a finales de este año pone de manifiesto que el régimen siente la necesidad de consolidar los canales de mediación y de delegar una parte de sus atribuciones; y el apoyo de la oposición a las propuestas del régimen muestra su necesidad de ampliar su campo de acción, a fin de recuperarse de la pérdida de confianza que progresivamente están experimentando.

¿En qué consiste la reforma propuesta hasta el momento? Los cambios constitucionales alcanzan básicamente al Parlamento y a la descentralización del sistema administrativo. De un lado, se satisface la reivindicación de la oposición de que la Cámara de representantes sea elegida en su totalidad por sufragio universal directo, aunque ahora se verá acompañada en su tarea legislativa por una Cámara de consejeros de nueva creación. La nueva Cámara, lejos de desempeñar el papel secundario de un Senado, emerge como una institución que podrá proponer leyes, constituir comisiones de investigación y cesar al gobierno por mayoría cualificada de tres cuartos de sus miembros. Tales prerrogativas tienden a relativizar indirectamente a las correspondientes a la Cámara de representantes. Asimismo, la Cámara Alta se elegirá por sufragio indirecto, tres quintos de los consejeros por las asambleas regionales (de nueva creación también) y el resto por las asociaciones patronales y sindicales.

El propio Rey explicaba en su discurso de agosto el porqué de una Cámara Alta elegida por sufragio indirecto con grandes atribuciones: “A fin de hacer esta Cámara más atrayente para los postulantes hemos decidido constituir una Cámara que se distinga de sus semejantes existentes en otras constituciones. Haciendo esto demostramos que Marruecos no se limita a inspirarse en otras experiencias sino que más bien toma modelos e ideas en las fuentes de otros para adaptarlas a sus propias realidades (…) ¿Cuáles son las características de esta Cámara? La primera es que se compondrá basada en una triple elección. Las colectividades locales organizarán sus propias elecciones, los asalariados organizarán las suyas y las cámaras profesionales harán lo propio. Todo dará lugar a la región que elegirá a los miembros que deban sentarse en la segunda Cámara”.

La regionalización (que no ha de confundirse con regionalismo –señalan las autoridades del país–) busca descentralizar y reformar la administración marroquí, a la vez que favorecer la emergencia de nuevas elites regionales en un momento en que los frágiles equilibrios trenzados tradicionalmente por el Majzen son deficitarios de la capacidad redistributiva central que les alimenta. No hay que olvidar que los años ochenta estuvieron dedicados al restablecimiento de las finanzas públicas y sobre todo a intentar resolver el problema de la deuda. El reajuste estructural (teóricamente cumplido en 1992), el desenganche del Estado y la política de austeridad alimentaron la contestación explotando graves revueltas sociales en 1981 y 1984, a lo que se unió un intento de golpe de Estado en enero de 1983 de la mano del general Dlimi. La década de los noventa comenzó con un importante movimiento huelguístico que desembocó en manifestaciones violentamente reprimidas en diciembre de 1990, bajo el clima de crisis creado por la inminencia de la guerra del golfo Pérsico.

«En los últimos años se ha producido, sobre todo entre los jóvenes y las clases populares, una profunda desafección de la clase política que antaño canalizaba sus demandas y aspiraciones»

Todos estos acontecimientos ponían de manifiesto, de un lado, que el poder podía ser desestabilizado y, de otro, que la nueva generación compuesta de jóvenes desempleados es hoy día el sector más excluido del sistema, a la vez que ha alcanzado un peso en la sociedad marroquí como nunca antes había tenido. Los menores de treinta años constituyen los dos tercios de la población y son víctimas de un sistema educativo muy deficitario y de un marco social incapaz de responder a las expectativas de ascenso social que ha generado (según fuentes oficiales, el 33 por cien de los diplomados está en paro). Todo ello ha traído consigo cambios sociales de importancia, representados por las acciones de masas y por una marcada resistencia a la militancia partidista. En los últimos años se ha producido, sobre todo entre los jóvenes y las clases populares, una profunda desafección de la clase política que antaño canalizaba sus demandas y aspiraciones. Las encuestas realizadas en las elecciones de 1993 muestran esa falta de identificación con los partidos que participaron en los comicios.

Unido a esto, el mundo universitario ha visto cómo progresivamente el control sindical de la Unión Nacional de Estudiantes ha pasado de la izquierda a la tendencia islamista y si algo pusieron de manifiesto los tumultos entre islamistas y miembros de la USFP en la universidad de Rabat en marzo de este año, cuando esta última quiso organizar una serie de actos al margen de dichas uniones que representan a la mayoría, fue esa diferencia generacional entre ambos sectores políticos. De ahí el interés creciente por este sector social al que se trata de dar respuestas y controlar. La resistencia hasta ahora a rebajar la edad de los votantes de veinte a dieciocho años no es ajena a este hecho.

Junto a estos factores, se da una realidad económica e internacional que implica para Marruecos, por un lado, la necesidad de una readaptación organizativa (con la reforma de la enseñanza y la administración a la cabeza) y, de otro, que todo ello va a afectar inevitablemente al statu quo de las elites. Las opciones diplomáticas realizadas por Marruecos, aunque susceptibles de críticas internas, le han valido siempre la estima de los países occidentales: su elección del capitalismo y el liberalismo económico (hasta el propio líder de la USFP dando un importante bandazo ideológico se ha adherido recientemente a los valores del liberalismo), su moderación en el conflicto árabe-israelí, su cumplimiento del ajuste estructural y su posición con las potencias occidentales en la guerra del Golfo. Todo ello le ha aportado, además, contrapartidas financieras: entre 1983 y 1992 Marruecos se benefició de seis reescalonamientos de su deuda pública y tres de su deuda bancaria en condiciones muy favorables, y recibió grandes recursos crediticios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial8.

Asimismo, Marruecos ha apostado de manera firme por su inserción en Europa con la que ha aspirado siempre a mantener una relación privilegiada. Este acercamiento se ha plasmado principalmente, tras la existencia de acuerdos bilaterales desde 1969, en la firma de un acuerdo de asociación con la UE el 16 de noviembre de 1995. No obstante, este acuerdo y los cambios que introduce van, por un lado, a exigir a Marruecos superar situaciones como la permanencia de factores que bloquean la competitividad del sector privado, la existencia de una administración ineficaz y mal preparada, un entorno de negocios particularmente desfavorable por las carencias del Estado de Derecho y la ausencia de una política económica estable, resultado de la falta de concreción de las reformas estructurales.

Sin duda, la apertura económica implica el riesgo de promover modificaciones en las relaciones de poder y en las alianzas, dado que existen elementos con consistencia política, afectados e incluso amenazados, por la liberalización creciente en un momento en que la contestación y disensiones internas se multiplican. En consecuencia, no es difícil deducir que el poder marroquí y su Majzen busquen el apoyo político y financiero de nuevos actores e instituciones.

Es en este marco en el que hay que entender el proceso de reforma política y regionalización que parece despuntar en la actualidad, para cuyo arranque tanto el ministro del Interior, Driss Basri, como el consejero del Rey André Azoulay, han preparado el terreno transmitiendo en los medios políticos y de negocios nacionales e internacionales el proyecto del Rey para modernizar la economía y las instituciones. Así, se puso fin a la “campaña de saneamiento” emprendida por el ministerio del Interior que, si bien podía tener objetivos loables en contra del contrabando y la droga, se aplicó con métodos judiciales expeditivos. En realidad, dicha “campaña” no era sino una forma de rehuir la necesaria asunción de una reforma sustituyéndola por una “puesta en escena”, a la vez que buscaba dar una imagen de energía contra la droga y de adhesión a las normas internacionales después de que esta cuestión fuese percibida como peligrosa y amenazante desde Europa, particularmente tras la publicación del informe sobre la producción y tráfico de drogas en Marruecos del Observatorio Geopolítico de las Drogas. A continuación, el mismo ministro alcanzó un “pacto de caballeros” en nombre del gobierno destinado a moralizar el mundo de los negocios; y, finalmente, se logró, tras un período de gran conflictividad sindical, que llegó a la huelga general el 5 de junio a iniciativa de la UGTM y la CDT, alcanzar un principio de acuerdo tripartito entre gobierno, patronal y sindicatos para crear los mecanismos de diálogo necesario entre las partes.

Por otro lado, Marruecos aspira a presentarse como un modelo de estabilidad en la región tras años de transmitir una imagen de reino feudal frente a unos vecinos “modernos” que a fines de los años ochenta se imbuían en sendos procesos de apertura política. Tanto el bloqueo de dichos procesos liberalizadores como el desencadenamiento del enfrentamiento civil en Argelia en 1992, contribuyeron a revalorizar al reino marroquí, el cual se esfuerza por transmitir desde entonces la idea de que allí no existe una tendencia islamista capaz de desafiar al régimen y que, sin embargo, puede lanzar una transición política “sin sobresaltos”.

Las bazas de la oposición

La dualidad que ha caracterizado el juego político marroquí, repartido entre la oposición legal procedente del Movimiento Nacional y el Rey, comenzó a quebrarse a medida que la primera dejó de canalizar el conjunto de las frustraciones y éstas comenzaron a desviarse en busca de las corrientes islamistas cuya actitud moderada en absoluto preserva al régimen de su existencia como oposición. De hecho, ha generado, como en otros países árabes, un proceso de “islamización” en el seno de algunos partidos de oposición. De un lado, el Istiqlal, de por sí muy tradicionalista en términos religiosos, ha tratado de apoderarse de la base social seguidora del islamismo incentivando su discurso islámico y su protección de los valores musulmanes, si bien no ha aceptado la oferta de alianza que le ha llegado por parte del grupo islamista Al-Islah wa-l-Tajdid (Reforma y Renovación) para darle cobertura legal y poder participar políticamente. La USFP ha aceptado la integración individualizada de miembros islamistas, así como su sindicato, y sobre todo ha experimentado facciones internas fruto de la división entre los que son partidarios de dicha línea y los que quieren conservar su visión tradicional de la modernidad.

Todo ello muestra que existe una presencia social y política islamista que filtra la dinámica del sistema. Es más, el anuncio de la incorporación del grupo Al-Islah wa-l-Tajdid en el partido legal Movimiento Popular Democrático y Constitucional que dirige el doctor Jatib, en una especie de imitación del modelo egipcio seguido por los Hermanos Musulmanes y el Partido del Trabajo, ha abierto un intenso debate en la escena política marroquí e introduce un nuevo ingrediente para los próximos comicios.

Así pues, los partidos marroquíes de oposición tradicionales se han visto ante la necesidad de afrontar el doble desafío, frente al poder y la nueva oposición; y decidieron aunar fuerzas y constituir el 26 de mayo de 1992 un bloque democrático (Al-Kutla al-Dimuqratiyya) desde donde lanzar sus reivindicaciones y organizar su acción política.

Ahora, el Rey aspira a convertir la Kutla en uno de los polos de su deseado bipartidismo frente al agrupamiento constituido por los partidos gubernamentales nacidos del clientelismo político inspirado por el poder, Al-Wifaq (La Entente). No obstante, hay que señalar que lejos de representar estos dos grupos un polo progresista y otro conservador respectivamente, que garantizaría su identidad y pervivencia a largo plazo, representan de hecho un polo oficialista y otro opositor (porque, entre otras cuestiones, al-Istiqlal difícilmente puede ser catalogado como partido de izquierda), los cuales, llegada la esperada alternancia, perderían su identidad inicial y, probablemente, su razón de ser.

Las razones por las que la Kutla ha aceptado (USFP, Istiqlal y PPS, con la excepción de la OADP) la reforma política propuesta no es sólo porque es la mejor oferta hecha hasta ahora por el poder, sino porque se impone la necesidad de un ejercicio pragmático que desbloquee la dinámica dualista que ha caracterizado la historia política del país y permita a la oposición asumir la responsabilidad de gobierno, sin la cual padece el desgaste al que le somete su eterna condición de opositora. El permanente alejamiento de los centros de decisión del poder le distancia de una población que necesita representantes que defiendan sus intereses. De ahí el llamamiento de los tres partidos de la oposición a favor del “sí” en el referéndum del 13 de septiembre en pro de “la movilización general para superar los desafíos y acceder a la era de la democracia auténtica basada en el diálogo, la confianza, el consenso y la responsabilidad” y que la USFP afirmase que en la toma de esta decisión se privilegió el contexto “relegando el análisis interno del documento constitucional a un segundo término”. Sin embargo, esta decisión no está libre de grandes desafíos: el principal, su implicación en un proceso político en el que no goce de verdadera capacidad de acción autónoma con respecto al poder central. En caso contrario, su descrédito popular podría, sin duda, acrecentarse y, por tanto, beneficiar a una oposición islamista, entre la cual, el monarca tiene menos apoyos que entre la USFP o el Istiqlal.

Por tanto, todo impulso de reforma política liberalizadora en Marruecos no puede más que ser bien recibida, siempre y cuando la revisión constitucional no sea más que la expresión normativa del cambio político que necesita el país y no un fin en sí misma. Es decir, el comienzo de una dinámica continua de reforma que dé credibilidad al proceso a fin de alcanzar finalmente la democratización.