Este undécimo aniversario de la revolución siria ha pasado considerablemente desapercibido por la atención mediática internacional, a diferencia de lo que había sido habitual a lo largo de la última década. Con todas las miradas puestas en Ucrania y el drama de los refugiados huyendo de la agresión rusa, resultaba imposible para los observadores dentro y fuera de Oriente Medio no pensar ni referirse a Siria, tanto por la cuestión –e inevitable comparación– de los refugiados, como por la ofensiva militar rusa y lo que ello interpelaba en cuanto al papel de Rusia en la guerra de Siria.

Tanto es así que en la ciudad de Binnish, en la provincia de Idlib, al noroeste del país, donde en los últimos meses las fuerzas armadas sirias y rusas han llevado a cabo ataques directos contra civiles, aparecía un grafiti en solidaridad con Ucrania en los restos de un edificio derribado por bombas rusas. Según la Comisión Europea, solo en enero, al menos 35 personas, muchas de ellas civiles, murieron a causa de ataques conjuntos de las fuerzas rusas y de Bashar al Assad en Idlib, y más de 350.000 civiles se vieron forzados a desplazarse.

Siria o la ‘fiebre de guerra’

El apoyo militar ruso en forma de ataques aéreos, junto al apoyo sobre el terreno de las fuerzas iraníes (la Guardia Revolucionaria Islámica) y proiraníes han permitido que el régimen de Al Assad se imponga y controle hoy casi tres cuartas partes del territorio sirio. Sin embargo, el Norte sigue fuera de su control e incluso en el resto de zonas dominadas por el régimen, los ataques no han cesado y la población sigue huyendo hacia el Norte.

El noreste y el Este están bajo administración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG, por sus siglas en kurdo), aunque también hay presencia de grupos de turcos, rusos, estadounidenses y soldados iraníes. Actualmente, las FDS controlan casi el 30% del territorio sirio y la mayor parte de las zonas ricas en petróleo. La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) disfruta de un grado de autonomía considerable y su objetivo es formalizar su autoridad territorial y ganar reconocimiento interno e internacional. Pero el futuro político de esta zona, a la que se destina la mayoría de las ayudas de la cooperación internacional, es incierto. Una eventual retirada total de las tropas estadounidenses, como la que se produjo el pasado verano en Afganistán, haría temer una intervención turca de calado para frenar las aspiraciones territoriales kurdas.

Y, por supuesto, la sombra de Daesh sigue muy presente, a pesar de la pérdida territorial, como demostró con el ataque a la prisión de Al Sina, en Hasaka, a principios de este año, donde tras seis días de enfrentamientos y más de 400 muertos, las fuerzas kurdas lograron recuperar el control de la prisión. De hecho, los grupos afines a Al Qaeda así como los rebeldes apoyados por Turquía, resisten en Idlib, una de las zonas más afectadas por los bombardeos aéreos rusos. A la cabeza de todos se encuentra Hayat Tahrir al Sham (HTS) (el antiguo frente Al Nusra), considerado grupo terrorista por buena parte de la comunidad internacional. En este contexto, los donantes internacionales se resisten a proporcionar ayuda a la zona, donde los civiles reiteradamente desplazados sobreviven en condiciones aún peores que en el resto del país. Para mejorar la imagen de la organización, HTS ha emprendido una campaña de operaciones contra otros grupos armados, especialmente aquellos formados por combatientes extranjeros, para así visibilizarse como “actor fiable” en la lucha contra el terrorismo. De hecho, HTS lleva tiempo intentando mostrar una cara más aceptable hacia la comunidad internacional y presentarse como un actor de gobierno responsable.

El pasado 4 de febrero, Abdalá Qardash, último líder de Daesh, fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en la ciudad de Atmeh, cerca de la frontera con Turquía. Sin embargo, es poco realista creer que la capacidad de reclutamiento de grupos como Daesh y otros desaparecerá con la pérdida de la territorialidad, del llamado y llamativo “califato”. Además, pesa en las espaldas de la administración kurda la custodia de los excombatientes y sus familiares. El informe anual de Human Rights Watch señala que hay 60.000 hombres, mujeres y niños sirios y extranjeros que están detenidos de forma arbitraria en los campamentos de Al Hol y Al Roj, en el noreste de Siria. Se calcula que hay alrededor de 13.500 mujeres y niños extranjeros (ni sirios ni iraquíes) en los campos, y 2.000 excombatientes extranjeros detenidos en Hasaka. Entre ellos, se estima que unos 640 niños de origen europeo permanecen detenidos junto a sus madres. La posición de la AANES es que los países de origen deben repatriar a sus ciudadanos, pero estos se niegan a ello, argumentando que el retorno supone un riesgo para la seguridad.

La resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de la ONU establece que las obligaciones para combatir el terrorismo no deben afectar otros derechos fundamentales y no deben entrar en conflicto con las responsabilidades de los países bajo el derecho internacional. A pesar de algunas decisiones judiciales que demandan la repatriación de los menores, a menudo junto a sus madres, los países europeos afectados han sido muy reticentes a hacerlo y solo se han llevado a cabo en casos muy concretos. Algunos países europeos como Bélgica, Francia, Dinamarca, Holanda o Reino Unido han decidido desposeer a sus nacionales en Siria de su ciudadanía, para evitar así la obligación de repatriarlos. La opción de un “tribunal internacional”, sobre la mesa desde 2018, parece poco factible y entregarlos y juzgarlos en suelo sirio o iraquí plantea serias dudas sobre la posibilidad de que reciban un juicio justo. El limbo en que se encuentran no augura buenos pronósticos, en términos de desmovilización, rehabilitación y reinserción, tampoco en términos de desactivar parte de las narrativas que alimentan la radicalización.

Victorias diplomáticas de Al Assad y ‘realpolitik’

A pesar de que la estabilidad está lejos de ser una realidad, el presidente Al Assad está logrando importantes victorias diplomáticas. En 2018, Emiratos Árabes Unidos reabrió sus embajadas en Damasco. En julio del año pasado, el rey Abdalá II de Jordania planteó una propuesta para retomar las relaciones y en octubre tuvo una conversación telefónica con Al-Assad, la primera en una década. También en octubre, EAU invitó a Siria a su exposición universal y la Interpol permitió su reincorporación. En noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores emiratí visitó al presidente sirio en Damasco. En diciembre, Baréin nombró al primer embajador en Siria desde el comienzo de la guerra y la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC, por sus siglas en inglés) designó por unanimidad a Siria para albergar una conferencia sobre energía árabe en 2024. Además, varios países, incluido Argelia, que albergará una cumbre de la Liga Árabe en noviembre, están presionando para la readmisión de Siria en la Liga Árabe bajo el pretexto de que el regreso es clave para la estabilidad de la región y que ayudaría a lograr el fin de la guerra. Como colofón, el pasado 18 de marzo, Al-Assad visitó EAU y se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed, en lo que fue su primera visita a un país árabe desde 2011, para luego dirigirse a Dubái y reunirse con Mohamed bin Rashid al Maktum. Hasta ahora, solo había salido del país para realizar breves visitas a Rusia e Irán.

La administración Biden ha manifestado que no apoya los esfuerzos regionales para normalizar las relaciones con Siria, pero no parece que esté haciendo mucho por disuadir a otros de hacerlo

Aunque la administración Biden ha manifestado que mantendrá las sanciones económicas y que no apoya los esfuerzos regionales para normalizar las relaciones, no parece que esté haciendo mucho por disuadir a otros de hacerlo. Muestra de ello es la excepción de la Ley César de Protección Civil siria de 2019 que autoriza a Egipto a transportar por gasoducto gas natural a Líbano a través de Siria. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han sido uno de los pocos mecanismos internacionales que se han usado contra el régimen de Al Assad. Sin embargo, el impacto sobre la población y la dudosa capacidad para cortar las vías de financiación del régimen ponen en cuestión el sistema mismo de sanciones. Por otra parte, la cooperación se centra en zonas kurdas por el recelo a que la ayuda humanitaria acabe siendo instrumentalizada por el régimen de Al Assad, a través de la manipulación de los tipos de cambio o del desvío a zonas afines.

Los regímenes árabes proclives a la normalización esgrimen múltiples beneficios: contrarrestar la influencia iraní, mejorar la situación humanitaria, avanzar hacia el retorno de los refugiados sirios o dar incentivos para que Al Assad acepte las reformas necesarias y lleve a Siria hacia la transición política que exige la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, todo parece responder a un ejercicio de pragmatismo en el que se impone un realismo acerca de la convivencia con Al-Assad y un intento de sacar de ello un rédito regional, más que a lograr una reforma del régimen que claramente ahora no tiene incentivos para encajar. Al Assad ha testado los límites de la impunidad, y la experiencia adquirida no hace pensar que tenga ningún motivo para modificar su deriva.

De Siria a Ucrania: paralelismos inevitables

No solo Al Assad ha visto los reducidos límites –cabe recordar cómo el establecimiento de unas “líneas rojas” en cuanto al uso de armas químicas contra civiles se desvaneció rápidamente en 2013– y el poco peso del derecho internacional. Sus socios han tenido en Siria un banco de pruebas en el que ensayar métodos de guerra, estrategias de combate urbano y de asedio y bombardeos aéreos. Para Siria, las consecuencias de la guerra en Ucrania van más allá del aumento en los costes de importación de trigo, del precio de la energía y los problemas de abastecimiento. El gobierno sirio y sus socios militares rusos parecen haber movilizado a combatientes sirios para luchar en Ucrania. Sin tener cifras claras, se habla también del envío no de tropas comunes, sino de oficiales del ejército sirio avezados en guerrilla urbana, así como de ingentes incentivos económicos para los sirios que accedan a luchar en Ucrania. China, en la retaguardia de ambos conflictos, acaba de fortalecer sus lazos con el régimen sirio a través de la inclusión de Siria en la Iniciativa “Belt & Road”, su gran apuesta estratégica en materia de política exterior.

La población siria también huyó de los ataques rusos en apoyo a Al Assad, pero las condiciones de acogida en los países receptores, tanto a nivel institucional como de la sociedad civil, no fueron tan favorables como las expresadas ahora para los ucranianos. En septiembre de 2015, la UE cerró un acuerdo para el reparto de 160.000 refugiados sirios llegados a Grecia e Italia. El pacto se incumplió y los que estuvieron a la cabeza de este incumplimiento, Hungría, Polonia y República Checa, hoy lideran la lista de países europeos en la recepción de los desplazados ucranianos por la ocupación rusa. También España fracasó en la acogida de refugiados, ya que exigía visados de tránsito a los sirios, impidiéndoles así pedir asilo en los aeropuertos del país, mientras que ahora ha ofrecido una regularización exprés para los refugiados de Ucrania y ha permitido la acogida de refugiados en casa, lo que constituía un delito de tráfico de seres humanos en el caso de los sirios.

La cobertura mediática occidental de la salida de civiles de Ucrania ha levantado ampollas en todo el mundo y muy especialmente en Oriente Medio. Si los refugiados sirios fueron calificados de «oleada», «tsunami», «avalancha» –o cualquier otro término que designara catástrofe de gran magnitud–, los refugiados ucranianos han sido definidos como “civilizados”, “rubios con ojos azules”, “iguales a nosotros” y, por tanto, merecedores de una acogida que en ningún momento se dispensó a los refugiados que huían de otros conflictos y de la violencia, en muchos casos ejercida por el mismo agresor.

De nuevo se activan “empatías selectivas”. Es comprensible que la proximidad geográfica –sentir la amenaza de la guerra y sus efectos dentro de Europa– provoque un mayor impacto en la opinión pública, pero es sorprendente cómo muchos periodistas han contrapuesto la injusticia de la guerra en un país “como el nuestro” y en gente “de clase media que ve Netflix y vota en elecciones” a la situación en los países en desarrollo, donde se tiende a normalizar todo lo que sucede, desde la violencia hasta el autoritarismo. Es la práctica cotidiana de la deshumanización, por la que la guerra se supone algo natural para las personas racializadas. Incluso se han repetido las denuncias de segregación de los refugiados racializados procedentes de Ucrania en países vecinos, lo que pone de manifiesto todavía más el doble rasero que existe tanto en las políticas institucionales como en las muestras de solidaridad. Los aclamados valores europeos son poco universales cuando se circunscriben a las fronteras europeas y a determinados grupos de población considerados racialmente afines.

Otra demostración de doble rasero por parte de Europa y Occidente que no hacen sino ahondar la brecha entre Norte y Sur y dar munición a aquellos que los instrumentalizan para alimentar las llamas del odio. Los extremistas violentos se estarán frotando las manos ante unos agravios que se suman a un imaginario colectivo ya muy repleto de dobles raseros, de racismo y exclusión. Denunciarlo no es negar la asistencia debida y la responsabilidad de Europa hacia los ucranianos. Al contrario, es instar a las instituciones y gobiernos europeos a sentar un precedente en la acogida de refugiados que ni discrimine ni deje en el limbo a civiles inocentes, procedan de donde procedan.

Unos 1.600 kilómetros separan Afrin de Kiev pero, a pesar de la distancia y las diferencias, el hilo conductor ruso ha generado demasiados paralelismos que no deberían haberse repetido. Como los denomina Eduard Soler, investigador sénior del CIDOB, estos paralelismos reproducen “vasos comunicantes de inseguridad”. Si hay algo que se puede constatar tras 11 años de guerra es que lo que pasa en Siria nunca se queda en Siria./