Las reglas de la guerra

Con frecuencia se explican los conflictos armados por intereses económicos. Pero esta es una verdad a medias. La cuestión no es solo si hay vínculos económicos con la violencia organizada sino de qué forma se lleva a cabo esa relación y cómo la guerra se ve influida por dinámicas políticas, económicas y sociales. Estas dinámicas son nacionales, regionales y globales.

Una economía de guerra es el conjunto de actividades orientadas a prepararse y sostener un conflicto armado. La economía de la guerra estatal incluye la financiación (a través de impuestos), la movilización de efectivos, la fabricación y compra de armas, y la existencia de la burocracia administrativa que organiza estas actividades. Los grupos armados no estatales reproducen, en mayor o menor escala, este modelo y generan economías insurgentes de la guerra.

En War Economies and International Law, el investigador Mark B. Taylor se adentra en la relación de guerra y economía desde el campo del Derecho Internacional. Este ha regulado durante los últimos siglos la relación entre ellas. Y analiza en qué punto se encuentra, y qué posibilidades tiene el Derecho Internacional de ser un instrumento para entender las dinámicas de la guerra y sus formas de reproducción, para procesar a quienes se benefician de ellos, para y prevenir y gestionar conflictos.

El mapa de los conflictos armados actuales muestra, entre otros ejemplos, la explotación y tráfico ilegales de petróleo por parte del Estado y grupos armados en Siria y sus vecinos; las luchas entre organizaciones armadas en Colombia y Venezuela por yacimientos de oro, bosques tropicales a los que deforestar para el cultivo de coca y la cría de ganado. En Yemen se compite por el gas y el petróleo; en Myanmar, la dictadura se enfrenta a campesinos y diversos grupos armados por tierras cultivables, jade, madera, opio y amapolas. Entre tanto, Israel ocupa ilegalmente territorios palestinos.

«Las guerras actuales son menos por causas políticas que por beneficios de economías ilegales»

Los tráficos y luchas en las zonas de conflictos, especialmente en las fronteras, se han agudizado. Las guerras actuales son menos por causas políticas que por beneficios de economías ilegales. Afganistán, Siria, Irak, Libia, Colombia, y el Sahel, entre otros casos, tienen fronteras porosas en las que actores armados trafican recursos, cooptan poblaciones locales como mano de obra y son parte de cadenas globales de producción ilegal (drogas, minerales, armas, refugiados, especies animales). Las economías de guerra son en estos casos también medios de vida para cientos de miles de personas.

A medida que se desarrollaron los Estados, las relaciones entre ellos especialmente en Europa y en el mundo colonial en expansión, se generaron normas sobre lo que estaba y no estaba permitido con respecto a la guerra y el saqueo. Por ejemplo, la piratería y la esclavitud estaban prohibidas entre los imperios. Pero esas mismas actividades estaban permitidas en las colonias. De este modo, se generó una permisividad para la colonización que tiene hoy sus consecuencias y prolongaciones. El Derecho Internacional moderno regula la relación entre comercio y guerra, condena el pillaje y el saqueo, así como las actividades consideradas “predatorias” (el uso de la fuerza y la violencia para extraer valor económico), pero su aplicación en países del Sur es muy débil.

En las últimas tres décadas ha habido avances importantes con la introducción de normas del Derecho Internacional en mandatos de operaciones de paz, en una serie de tratados sobre cuestiones laborales y de propiedad vinculadas a la guerra (por ejemplo, prohibiendo el trabajo infantil y la apropiación de propiedad privada). También en recomendaciones de la ONU sobre cómo deben actuar las empresas multinacionales en zonas de conflicto, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, y con el impulso de investigaciones criminales sobre compañías y personas que habrían colaborado en crímenes de guerra. Sin embargo, los Estados se han protegido contra una excesiva intervención del Derecho Internacional en sus economías de guerra y en actividades como crímenes financieros en todas sus variedades. A la vez, la liberalización y privatización de la economía global de los últimos 30 años ha contribuido, como explica Taylor, “a la inestabilidad y los conflictos, lo que ha permitido la expansión de la violencia globalizada, como es el caso de las actividades mercenarias en la forma de servicios corporativos militares y de seguridad”. Esto ha conducido a que no falten normas legales internacionales sobre actividades económicas relacionadas con la guerra, pero están “fragmentadas” y “operan en un vacío legal”.

«Los Estados se han protegido contra una excesiva intervención del Derecho Internacional en sus economías de guerra y en actividades como crímenes financieros en todas sus variedades»

War Economies and International Law examina los diferentes aspectos de la regulación desde la Edad Media y la era colonial en adelante (por ejemplo, sobre comercio de armas y explotación laboral) hasta los casos más recientes de crímenes contra la humanidad vinculados a beneficios económicos. Taylor propone una forma novedosa de tratar la cuestión de la guerra y la economía, exigiendo responsabilidades a los actores directos e indirectos. Para el autor, se precisa una mayor transparencia y rendición de cuentas ante leyes nacionales e internacionales que deben integrarse en un cuerpo de doctrina y adaptarse a las formas modernas de los conflictos armados.