El Irán moderno ha sido escenario de numerosos movimientos políticos y sociales que han surgido como respuesta a eventos o situaciones específicas, y que se han materializado en manifestaciones populares. Desde el siglo XIX, las protestas han sido una herramienta común para que los ciudadanos expresen sus demandas y oposición a las decisiones políticas y económicas del gobierno, y para exigir reformas y cambios en el sistema político, ya sea durante el reinado de las dinastías Qajari (1789-1925) y Pahlavi (1925-1979), como tras la instauración de la República Islámica en 1979. A pesar de las diversas crisis de legitimidad que se han evidenciado en el Irán contemporáneo, la República Islámica se ha mantenido estable. En este contexto, las movilizaciones que se iniciaron tras la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 no son las primeras ni serán las últimas, pero han vuelto a poner en cuestión la relación entre la sociedad y el poder político en Irán. Aunque no han comprometido los pilares del sistema, estas protestas han tenido un impacto significativo en la política iraní, y su análisis contextualizado permite comprender mejor las demandas y necesidades de la población, así como la futura dirección del país.

Las protestas antes de la Revolución Islámica

Entre las protestas más destacadas del siglo XIX se encuentran las del Tabaco de 1890, lideradas por los bazaríes, la élite comercial local que se vio directamente afectada por la concesión del monopolio del tabaco a Reino Unido por parte del sha Naser al Din en marzo de ese año. Sin embargo, fueron los clérigos chiíes quienes capitalizaron la protesta a través de una fatua emitida por el Gran Ayatolá Mirza Hassan Shirazi en julio de 1891, que instó a la población a boicotear el consumo y la comercialización del tabaco, lo que tuvo un efecto significativo en la economía del país. La presión popular obligó al sha a cancelar la concesión en enero de 1892, y a pagar una compensación a la compañía británica, marcando un hito en la capacidad del clero chií para movilizar a la población y obtener réditos políticos.

En 1905 se inició un movimiento político en Tabriz que se expandió rápidamente a otras ciudades, lo que resultó en la Revolución Constitucional. Este movimiento fue motivado por el descontento con el gobierno del sha Mozafar al Din y la demanda de una mayor participación ciudadana en el proceso político. Los bazaríes, los clérigos y los grupos liberales y constitucionalistas se unieron para exigir la creación de una asamblea que limitara el poder absoluto del sha y permitiera la participación de la élite comercial, clerical y terrateniente en la toma de decisiones políticas. Este movimiento supuso un importante cambio en la política iraní que, históricamente, había sido dominada por el poder monárquico. La creciente conciencia y participación ciudadana, liderada por las clases comerciales y religiosas, condujo a la creación de una Constitución que estableció la separación de poderes y la participación ciudadana en la política. La Revolución Constitucional también permitió una mayor apertura hacia la modernización y el progreso, en términos de educación, tecnología y economía. Conviene destacar que la Revolución Constitucional fue un proceso complejo y no exento de tensiones y conflictos. A pesar de los logros alcanzados en términos de creación de una asamblea legislativa y una Constitución, la estabilidad política no fue inmediata y el poder monárquico siguió siendo un actor principal. Sin embargo, sentó las bases para futuros cambios políticos y sociales en Irán, y se convirtió en un ejemplo para otros movimientos revolucionarios en el mundo que partieron de protestas y manifestaciones populares.

La participación de actores sociales diversos, la emergencia de liderazgos carismáticos o el uso de la religión, son algunos de los patrones recurrentes en las protestas

Entre 1951 y 1953, Irán experimentó una intensa agitación política y social que generó movimientos opuestos entre las fuerzas nacionalistas y pro-occidentales. En este contexto, el triunfo de las posiciones nacionalistas lideradas por Mohamad Mossadegh, a través del partido Frente Nacional, resultó fundamental para forzar al sha Reza Pahlavi a aceptar la decisión de nacionalizar la compañía petrolera Anglo-Iranian Oil Company, cuyo control por parte de Reino Unido era considerado perjudicial para la soberanía y la población iraní. Sin embargo, apenas unos años después, la huelga de transporte y de los obreros petroleros, junto con las manifestaciones callejeras apoyadas por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, inclinaron la balanza en sentido contrario y debilitaron la posición de Mossadegh, lo que propició su destitución y detención, y el fin de la autonomía del Parlamento. Con el otorgamiento de poder absoluto al sha, se produjo el fin de la nacionalización del petróleo y la restauración del poder de los intereses occidentales en Irán. Este conflicto tuvo como consecuencia la consolidación de una élite militar y de negocios que se benefició de la cooperación con los intereses occidentales. Además, se pusieron en evidencia las tensiones políticas y sociales que han sido una parte central del desarrollo histórico de Irán.

La revolución islámica de 1978-79 fue un complejo proceso histórico en el que participaron diferentes actores políticos, sociales y religiosos. A partir de 1977, se iniciaron las movilizaciones contra el régimen del último sha Reza Pahlavi. Los grupos opositores abogaban por una mayor libertad política y la creación de un sistema más justo y equitativo, lo que fue respondido con una férrea represión masiva. El movimiento revolucionario fue liderado en gran medida por los religiosos chiíes, que contaban con una importante base social y una estructura organizativa bien establecida en el país. La figura más prominente y carismática de este grupo era el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien desde su exilio en Francia llamó a la movilización popular contra el sha, en alianza con diversos grupos políticos. La revolución se caracterizó por una fuerte polarización política, entre la oposición que giró en torno a Jomeini y los partidarios del régimen del sha, las fuerzas de seguridad y las élites comerciales y terratenientes que habían apoyado su gobierno. Tras su caída en febrero de 1979, se estableció la República Islámica, convirtiéndose en la primera y aún única República Islámica de su tipo. El nuevo sistema político otorgó un papel predominante al clero chií, que controla gran parte de las instituciones gubernamentales y judiciales. Los grupos políticos y sociales que habían participado en la revolución fueron gradualmente marginados o eliminados del poder, lo que no contribuyó a reducir la polarización política ni a acallar definitivamente las demandas populares.

Las protestas ciudadanas que derivaron en la Revolución Islámica, junto a las anteriores, ilustran el papel que tienen como catalizadores de cambios significativos en el sistema político y social del país. Además, su análisis permite identificar los patrones recurrentes en las movilizaciones, como la participación de actores sociales diversos, la emergencia de liderazgos carismáticos, el uso de la religión como medio de movilización y su impacto en la estabilidad del sistema político y en la relación entre el gobierno y la sociedad, y que se volverían a repetir durante el período republicano inaugurado en 1979.

Las protestas en la República Islámica

Desde 1979 se han registrado numerosas protestas populares en las calles iraníes que han recibido diferentes grados de represión. Entre estas, las estudiantiles de 1999 durante la presidencia del reformista Mohamed Jatami son particularmente significativas. Comenzaron después de que el poder judicial cerrara el periódico reformista Salam, y los estudiantes universitarios llamaran a una movilización general en los diferentes campus del país. A pesar de que las protestas duraron solo dos semanas, el acontecimiento más trágico de la represión fue la entrada de las fuerzas de seguridad en los dormitorios universitarios de Teherán el 9 de julio. Si bien los datos oficiales registran la muerte de tres estudiantes como resultado de la represión, otras versiones cifran el número entre cinco y 17, con entre 1.000 y 1.500 detenidos. Estas movilizaciones representaron el fin del proyecto reformista iniciado bajo la presidencia de Jatami en 1997, o al menos marcaron claramente los límites estructurales de la reforma del poder y la estructura institucional.

Las protestas de 2009 representaron un momento crítico para la política iraní y tuvieron una duración notablemente prolongada en comparación con otras. El llamado Movimiento Verde comenzó en respuesta a la controvertida reelección de Mahmud Ahmadineyad en las elecciones presidenciales de junio de 2009. Los manifestantes alegaron fraude electoral y exigieron que se respetara el derecho al voto. Las protestas contaron con una participación masiva y pacífica principalmente en Teherán, y fueron reprimidas vehementemente por las autoridades, utilizando la fuerza para evitar la congregación de personas en lugares públicos durante fechas determinadas del calendario oficial de celebraciones iraní.

El movimiento de 2009 contó con la participación de una amplia gama de la sociedad, incluyendo a jóvenes, estudiantes, profesionales, reformistas y partidarios del clero. Las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en su difusión y organización, lo que llevó al gobierno a bloquear y controlar el acceso a Internet y las redes sociales. Según las cifras oficiales, se produjeron entre 36 y 75 muertes, aunque otras fuentes sugieren que la cifra real podría ser mayor. Además, más de 4.000 personas fueron detenidas y muchos políticos reformistas y colaboradores del presidente Jatami fueron sometidos a juicios sumarios. Durante las protestas, la joven Neda Agha-Soltan, que había sido asesinada cerca de una manifestación el 20 de junio, se convirtió en un símbolo de los manifestantes y opositores, de la misma manera que Mahsa Amini lo ha sido desde septiembre de 2022.

La virtualización del movimiento no impidió su práctica desaparición, al menos dentro de Irán, aunque las protestas duraron al menos ocho meses, desde junio de 2009 a febrero de 2010. A pesar de esto, se sigue considerando que el movimiento de 2009 fue un momento histórico en la política iraní, ya que mostró la determinación y la fuerza de la oposición y puso de relieve las tensiones políticas y sociales en el país. Además, se hizo evidente la crisis de legitimidad de la República Islámica, ya que las manifestaciones fueron protagonizadas no solo por estudiantes y jóvenes, sino también por políticos reformistas, líderes religiosos y otros grupos sociales que cuestionaban el sistema político y las reglas del juego. Estos grupos no solo exigían un recuento de votos, sino que también llegaron a cuestionar las instituciones mismas de la República Islámica. El Líder Supremo, Ali Jamenei, afianzó su autoridad, silenciando a los opositores y apoyando al presidente re-electo, Ahmadineyad, pero también a los sectores radicales que exigían más mano dura contra los manifestantes.

A pesar de la intensidad y duración de las protestas, la legitimidad y la durabilidad de la República no se vieron afectadas a largo plazo. Las elecciones presidenciales de 2013, en las que resultó elegido Hasan Rohaní, un presidente pragmático y cercano a los reformistas, demostraron que la población todavía confiaba en el sistema político y participaba activamente en el proceso electoral. No obstante, el movimiento de 2009 dejó una marca en la sociedad y sirvió para aumentar la conciencia política y la movilización social. Durante la presidencia de Rohaní, dos oleadas de protestas, que tuvieron como desencadenante motivos económicos, pusieron también en cuestión la legitimidad del sistema. En diciembre de 2017, las protestas espontáneas iniciadas en Neishabur por salarios impagados en una fábrica, se extendieron por todo el país a través de llamamientos hechos por la red social Telegram. Mientras que el origen fue netamente económico, las manifestaciones derivaron en cánticos contra la élite política y con una violencia no vista anteriormente, que incluyó el ataque contra instalaciones policiales y de la Guardia Revolucionaria en varias ciudades. Estas movilizaciones, que duraron 15 días, se saldaron con miles de detenidos, una represión feroz que produjo entre 20 y 25 muertos, la suspensión temporal de Internet en todo el país, y el bloqueo y prohibición de la red Telegram.

Mediante una mezcla de represión y apertura política limitada, la República Islámica ha superado hasta la fecha todas las movilizaciones

En 2019, una segunda ola de protestas de corte económico se inició tras el anuncio repentino de la subida del precio de la gasolina, en medio de una crisis económica acentuada por las nuevas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump. Duraron un par de meses y fueron mucho más violentas que las anteriores, con una cifra de entre 230 a 304 muertos, incluyendo manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Miles de detenidos y docenas de juzgados completaron el cuadro, junto al cierre total de Internet durante más de 10 días. Si bien algunos consideran que estas protestas eran esperables, y en cierta medida evitables, el número de muertes se debió tanto al aumento de la agresividad de ambos lados como a la preparación anticipada de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Estas protestas llamaron la atención sobre la falta de justicia social en Irán tras 40 años de República Islámica. Aunque las demandas populares eran consideradas por la administración de Rohaní como justas, la élite política no ha logrado garantizar la justicia social para la población, lo que ha provocado el descontento y la desconfianza hacia el sistema político. Algunos teorizan sobre una “normalización” de las protestas en Irán, en la que el sistema estaría preparado y dispuesto a aceptar cierto grado de presencia en las calles como válvula de escape de las demandas sociales, sin que ello ponga en peligro su estabilidad y continuidad y sin que la represión se imponga como único mecanismo para su subsistencia. Sin embargo, la República Islámica ha superado hasta la fecha todas las movilizaciones, más o menos masivas, más o menos violentas, por las que ha atravesado, y se ha mantenido en el poder gracias a la combinación de represión y apertura política limitada.

Las protestas de 2022 y el futuro de la República Islámica

Las manifestaciones iniciadas en septiembre de 2022 han vuelto a generar un debate sobre la legitimidad y la estabilidad del sistema. Estas protestas pueden considerarse como las más extendidas y violentas en la historia reciente de la República, con una cifra de muertos aún por determinar, pero que oscila entre 200, según las autoridades, y 500 según diversas organizaciones y fuentes de la oposición. Las críticas a la República Islámica y sus instituciones, especialmente al clero chií, se han multiplicado enormemente. El hecho de que estas protestas se hayan producido en un contexto de una economía en crisis, con la subida de los precios de los alimentos y otros productos básicos, y la devaluación de la moneda, ha llevado a que se exija un cambio profundo en el sistema político y económico del país.

El análisis de las reformas dentro del sistema político iraní es complejo y ha sido objeto de numerosos estudios y debates en la academia. En general, se ha argumentado que los gobiernos reformista-pragmáticos de Jatami (1997-2005) y Rohaní (2013-2021) no han logrado cambios fundamentales en el sistema legal y político de la República Islámica, y que las restricciones impuestas por la Constitución y la autoridad del Líder Supremo y el Consejo de Guardianes han impedido cualquier reforma de calado. Por otra parte, la influencia de la Guardia Revolucionaria en la economía iraní es indudable, y ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que ven en ella una fuente de corrupción y desigualdad económica. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria también es un grupo económico fundamental, al proveer trabajo y sustento a una parte muy importante de la población, con ramificaciones en todos los sectores productivos, desde las fabricaciones militares, infraestructuras, servicios, etc. La posibilidad de una revuelta que termine creando más problemas que solucionándolos es una preocupación válida, y ha sido señalada por algunos expertos. Sin embargo, es importante destacar que las protestas pueden ser un medio legítimo para que la sociedad iraní exprese sus demandas y preocupaciones, y que el gobierno debe tener en cuenta estas demandas y trabajar para satisfacerlas. Si bien ningún gobierno puede mantenerse únicamente basado en la represión, lo cierto es que la República Islámica ha utilizado la represión como un mecanismo de control social de manera sostenida, generando condena y sanciones por parte de la comunidad internacional.

Las protestas en Irán han sido un fenómeno recurrente que ha puesto en evidencia las dinámicas sociales y políticas del país. Sin embargo, el futuro de la República no se puede predecir exclusivamente en función de las movilizaciones actuales, sino que se deben tener en cuenta las fuerzas y equilibrios existentes dentro del sistema político. Actualmente, los sectores conservadores han desplazado a los reformistas y pragmáticos, lo que prácticamente ha eliminado el margen de maniobra para cualquier iniciativa de reforma. Además, el contexto internacional, marcado por el fracaso del acuerdo nuclear en 2018 y la continua tensión regional, incrementada por otros conflictos como la guerra en Ucrania, no contribuyen a una distensión entre Irán y la comunidad internacional. Esto siempre ha favorecido a los sectores menos dialoguistas y aperturistas del espectro político iraní. No obstante, y a pesar de las protestas y de las tensiones políticas y diplomáticas, los pilares del sistema de la República Islámica no parecen estar en peligro. Por ello, ante la incertidumbre y la falta de alternativas claras, es difícil imaginar una revuelta popular que derive en una situación que no se sepa a quién beneficiaría o perjudicaría./