El año 2018 ha sido especialmente convulso para Centroamérica. En Nicaragua, el ya aplastado alzamiento cívico que desató una crisis política sin precedentes se saldó con varios centenares de muertos y ha llevado al país por la senda del autoritarismo y la ruina económica. Honduras, tras celebrar una de sus elecciones más polémicas y violentas a finales de 2017, continuó con su interminable crisis de partidos y la irreconciliable relación entre el presidente, Juan Orlando Hernández, y sus opositores. Flanqueado por la cúpula militar, el gobierno de Guatemala anunció un duro discurso proimpunidad que ha marcado un retroceso en reformas prometedoras de justicia y seguridad. Parece mentira que El Salvador acabase 2018 como el país más estable del norte de Centroamérica, pese a que desde 2014 se han superado los 20.000 homicidios.

La acumulación de problemas económicos, políticos y de seguridad ha contribuido al deterioro de la situación humanitaria en la región. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2011 y 2017 hubo 350.000 peticiones de refugio por parte de ciudadanos del norte de Centroamérica, con un aumento notable en el último año. Aunque la migración desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador no es nueva, sí lo es el perfil del migrante. Los datos de las autoridades fronterizas de Estados Unidos reflejan desde 2012 un aumento en las detenciones en la frontera sur de familias, mujeres y menores no acompañados, la mayoría centroamericanos que llegan pidiendo asilo por amenazas de seguridad. De los 303.916 migrantes detenidos en 2017 en esta frontera, casi un 40% eran familias o menores no acompañados, una cifra sin precedentes teniendo en cuenta que en 2009 estos grupos representaban un 2% del total de las detenciones.

En octubre de 2018, esta crisis humanitaria abrió un nuevo capítulo…