La noche del 3 de julio de 2013, una plaza Tahrir abarrotada explotó de euforia al conocer la caída de otro presidente, el islamista Mohamed Morsi, elegido un año antes en las urnas. El ejecutor del golpe de Estado, el entonces ministro de Defensa Abdelfatah al Sisi, anunció la aprobación de una hoja de ruta que incluía nuevas elecciones libres presidenciales y legislativas. Flanqueando a Al Sisi, se encontraba Mohamed el Baradei, exdirector del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y el político egipcio mejor valorado en Occidente. Ya entonces, algunos observadores, sobre todo extranjeros, advirtieron del retorno a un régimen dictatorial, parecido al del autócrata derrocado en la revolución de 2011, Hosni Mubarak. Por desgracia, los pesimistas acertaron de pleno.

Dos años después del golpe de Estado, se puede afirmar que el presunto proceso de transición democrática ha resultado ser una farsa. En teoría, aún no ha concluido, pues todavía falta la celebración de las elecciones legislativas –aplazadas hace más de un año– para cumplir formalmente con el plan trazado en la hoja de ruta. Sin embargo, el nuevo orden político parece plenamente consolidado. Y no solo por la manifiesta incapacidad de sus oponentes de provocar la caída del gobierno de Al Sisi, sino porque sus orientaciones políticas iniciales se han reafirmado. Entre ellas, la supresión de cualquier voz disidente y la conversión de la lucha antiterrorista en la principal lógica legitimadora del nuevo tiempo político.

Los diversos servicios de seguridad e inteligencia, con el ejército a la cabeza, siguen dominando la escena política del país árabe y su filosofía guía la acción de gobierno. El poder ejecutivo está empeñado en imponer un aparente consenso social a través de la fuerza y no de la negociación o el acuerdo con los diversos actores políticos del país. En este…