Los atentados de Madrid y Londres no dieron lugar a un enfoque europeo propio en la lucha contra el terrorismo. Con una orientación fundamentalmente judicial y policial, en la política antiterrorista de la UE hay una casi total ausencia de planificación estratégica y prospectiva.

La lucha contra el terrorismo siempre ha planteado a la Unión Europea al menos tres grandes dificultades. La primera, de carácter filosófico-político, se refiere a la tensión existente entre la defensa de la libertad y la garantía de la seguridad, y la dificultad que plantea el logro de un equilibrio óptimo entre ambos objetivos. Estamos frente a un dilema que afecta por igual a todos los Estados democráticos del mundo, pero en el caso de la UE su impacto se ve agravado por el hecho de tener que dirimirse en 27 debates nacionales distintos. Lógicamente, si resulta difícil forjar un consenso estable al respecto en el seno de un Estado convencional, lo es mucho más en un ente político complejo y heterogéneo como la UE actual. La segunda dificultad se debe a que una política antiterrorista eficaz requiere el uso y la participación de una amplísima gama de instrumentos y actores institucionales y sociales, lo cual exige a su vez un notable esfuerzo de coordinación en una Unión en la que conviven 27 Estados. Finalmente, existe un tercer reto que es patrimonio exclusivo de la UE, y se refiere al conflicto que se plantea entre los esfuerzos de los Estados miembros por retener el control sobre políticas e instrumentos que atañen al núcleo duro de sus respectivas soberanías, y la constatación cada vez más palmaria de que la naturaleza transnacional del fenómeno terrorista hace necesaria una cooperación cada vez mayor con otros Estados miembros, igualmente celosos de sus atributos nacionales.

Teniendo en cuenta estos tres grandes…