Colombia no es ajena al nuevo protagonismo de las reformas tributarias en América Latina, al menos en teoría diseñadas con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo económico, una mayor justicia fiscal y, en el caso particular del país andino, con el fin de contribuir a la paz.

Tradicionalmente, se ha afirmado que una de las características diferenciales de las economías iberoamericanas es su baja presión fiscal, especialmente, si se la compara con la media de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

De esta forma, en 2011, último ejercicio del que se dispone de estadísticas comparables, la presión fiscal absoluta media (ingresos tributarios coactivos/PIB) en la OCDE era del 34,1 por cien, mientras que en el ejercicio 2012, idéntica variable en los Estados de América Latina y el Caribe (LAC) era solo del 20,2 por cien.

Asimismo, se indica que otro de los rasgos fundamentales de la sociedad y la economía regionales es el alto índice de desigualdad de rentas y patrimonios (medidos por el coeficiente de Gini, algunas sociedades latinoamericanas como Guatemala y Paraguay, tienen uno de los índices más desiguales del mundo) y que el sistema tributario de la región tenía una incidencia negativa en ese factor, es decir, incrementaba la desigualdad…