En la inauguración del curso judicial 1989-1990, el fiscal general del Estado apuntaba el crecimiento de las causas incoadas por delitos relativos al tráfico de drogas. Según los datos proporcionados por el fiscal general, a lo largo de 1988 se registró un incremento del 20,04 por 100 en los procesos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, mientras que el aumento del total de diligencias iniciadas por delitos de distintos tipos fue del 6,37 por 100. El número total de procesos iniciados por tráfico de drogas durante 1988 fue de 29.429, frente a los 24.515 de 1987. También aumentaron los decomisos de distintas sustancias ilegales, destacando en este sentido el espectacular aumento de los decomisos de cocaína, que fueron superiores en un 205 por 100 a los de 1987.

Todo ello no representa sino una parte de los efectos negativos relacionados con lo que se ha dado en llamar fenómeno social de la droga, los cuales obligan a entrar, una y otra vez, en el análisis de las políticas que se vienen desarrollando para reducir la oferta y para disminuir la demanda al objeto de identificar las estrategias que arrojan mejores resultados y que, por tanto, deben ser potenciadas, y a efectos también de sustituir o reconducir aquellas otras que colaboran poco o nada a la consecución de las finalidades deseadas.

Las opciones políticas que a este respecto se siguen por los distintos países son diversas. Recién salido del horno el plan antidroga del presidente norteamericano George Bush, que apuesta por una criminalización a ultranza de conductas relativas a tráfico y consumo de drogas, aún están calientes algunas objeciones formuladas en torno al mismo –“un presupuesto casi ridículo” porque apenas alcanza los ocho mil millones de dólares, señalaba el editorial de “Diario 16” el pasado 17 de septiembre–, así…