Tras el referéndum, el espacio público para la discrepancia, tanto desde los medios de comunicación como en el terreno político, ha quedado seriamente cercenado.

Como señala la académica Stephanie Lawson, en las democracias contemporáneas asentadas en las sociedades de masas, la existencia de oposición política es consustancial al propio régimen. Para que exista una oposición política efectiva, ésta debe contar con un espacio habilitado en el que operar y con unos actores que puedan llevar a cabo un posicionamiento crítico contra el gobierno y ofrecer una alternativa para ocupar el poder.

La arena pública para desarrollar una postura crítica de oposición en Turquía se ha visto severamente acotada en los últimos años. Sintomático de ello es que en la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras su situación ha empeorado visiblemente. En 2009, Turquía ocupaba el lugar 123, un año después había caído al 138 y en 2017 ocupa el puesto 155 de un total de 180 países.

Las reformas democratizadoras del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), adoptadas tras su primera absoluta mayoría en las elecciones de 2002, incluyeron cambios legislativos que favorecieron el establecimiento de un entorno más abierto y permisivo para la libertad de expresión y asociación. Sin embargo, durante su segunda legislatura, de 2007 a 2011, se producirían movimientos en la dirección contraria. Así, el poderoso y crítico grupo mediático Dogan Yayin fue sancionado con una multa económica de 2.500 millones de dólares en 2009, prácticamente el valor del holding, que fue considerada como un ataque directo para eliminarlo del panorama mediático. Si bien el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, se distanció de la decisión judicial, sin embargo solicitó a sus seguidores que boicotearan al grupo que había criticado con intensidad su acción gubernamental durante el año anterior.

Por su parte, periodistas a nivel individual…