A finales de julio de 2024, Israel sufrió una de las mayores sacudidas a la ley y el orden de su historia. Durante varias horas, decenas de manifestantes israelíes pudieron infiltrarse en dos complejos militares sin apenas obstáculos, empezando por Sde Teiman, una base establecida recientemente en el desierto del Néguev donde se encuentran miles de detenidos palestinos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Durante meses, periodistas y organizaciones no gubernamentales habían denunciado abusos sistemáticos en la base y, el 29 de julio, la policía militar israelí detuvo a diez reservistas israelíes sospechosos de violar a uno de los presos. Pero los manifestantes, entre los que había varios cargos electos de extrema derecha miembros de la coalición gobernante del primer ministro, Benjamín Netanyahu, no denunciaban los malos tratos a los palestinos. Les enfurecía que el ejército tomara semejante medida contra los suyos e intentaban bloquear las detenciones.

Aunque los disturbios de Sde Teiman y Beit Lid, la base a la que se llevó a los sospechosos, fueron inusuales por su extremidad, no fueron hechos aislados. Desde que comenzó la guerra en Gaza han proliferado los indicios de que las instituciones del Estado israelí están sometidas a graves tensiones. Netanyahu ha ignorado las repetidas advertencias del fiscal general de Israel de que las acciones de su gobierno han violado la ley; en respuesta, los ministros del gobierno han pedido la destitución del fiscal general. El sistema jurídico israelí es un caos. En septiembre, el ministro de Justicia de Netanyahu intensificó sus esfuerzos para impedir el nombramiento de un presidente del Tribunal Supremo, con lo que desafiaba incluso una orden judicial que exigía que se cubriera el puesto.

«El sistema jurídico israelí es un caos y la aplicación de la ley israelí se ha vuelto muy…