Las medidas antiterroristas son sobre todo nacionales. La UE solo puede complementarlas con instrumentos financieros y diplomáticos, los únicos medios de seguridad de que dispone.

En los últimos meses se han producido mutaciones importantes en el patrón yihadista de actuación contra la seguridad y la prosperidad de los países y ciudadanos de la Unión Europea. La aparición de Daesh (el autodenominado Estado Islámico o EI), el fenómeno de los milicianos extranjeros, la sucesión de atentados en territorio europeo, entre ellos los atentados contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado judío en París, han obligado a revisar la agenda de medidas disponibles para adecuarlas a la situación actual.

Tanto las medidas adoptadas por la UE como las acordadas por algunos de sus Estados miembros han despertado vivos debates sobre su eficacia y coste para las libertades. Fijándose solo en los titulares mediáticos, las medidas parecen aprobadas por razones emocionales, en caliente, y que inevitablemente sacrificarán la libertad para, eso sí, aumentar notablemente su eficacia. Con mayor distancia y perspectiva histórica, las medidas son el resultado de un largo proceso de maduración; se adoptan cuando se abre una ventana de oportunidad; existe una gran diferencia entre lo que se anuncia, lo que se aprueba y lo que se aplica y, finalmente, su eficacia es tan relativa como su coste para las libertades.

Se trate de medidas nacionales o europeas, su utilidad antiterrorista depende de algunas variables como la forma en la que las aplican los responsables policiales, judiciales, de inteligencia y penitenciarios; así como por los recursos que se aportan para ponerlas en práctica o el modo en que los terroristas cambian de forma de actuar para contrarrestarlas. En función de lo anterior, se empiezan a acumular las evaluaciones, positivas o negativas, sobre su utilidad que se traducen en sugerencias…