Hubo un momento en el Magreb en el que pareció que todo era posible, también el desarrollo de una prensa libre, crítica y de calidad, liberada de toda mordaza. O mejor dicho, fueron dos momentos diferentes. El primero en 2011, después de la caída de los dictadores Zine el Abidine Ben Ali en Túnez y Muamar Gadafi en Libia, y el surgimiento en Marruecos del Movimiento del 20 de Febrero. En Argelia, ese tiempo de esperanza llegó unos años después, en 2019, cuando fue el turno de Abdelaziz Buteflika de salir de la escena. Sin embargo, actualmente, no solo los sueños de un panorama mediático vibrante se han esfumado de todos los países del Magreb, sino que la libertad de prensa experimenta un preocupante retroceso generalizado.

De acuerdo con el último ranking anual sobre la libertad de prensa en el mundo elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), ninguno de los cuatro países de la región obtiene un resultado satisfactorio. Túnez, donde el presidente Kais Said dio una especie de “autogolpe” en el verano de 2021, ha caído 21 puestos y se sitúa en la posición 94, dentro del grupo de países donde la situación de los periodistas es definida como “problemática”. Los otros tres países, Argelia (134º), Marruecos (135º) y Libia (143º) están incluidos en la categoría en la que la situación es descrita como “difícil”.

De los cuatro, quizás el que ha atraído una mayor atención recientemente por su trato a los periodistas independientes es Marruecos, pues en enero el Parlamento Europeo aprobó una moción en la que, además de condenar la violación de los derechos humanos, exigía la liberación de todos los reporteros encarcelados.

La sibilina maquinaria represiva en Marruecos

En Marruecos, a menudo las cosas no son lo que parecen a simple vista, y la situación de la prensa no es una excepción. En teoría, existe una amplia pluralidad en el panorama mediático, y ya no hay periodistas encarcelados por delitos de opinión, como sucedía bajo el reinado de Hassan II. Sin embargo, los informes de las organizaciones internacionales en defensa de la libertad de prensa, o de los derechos humanos en general, hacen aflorar otra realidad.

El pasado verano, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que acusa a las autoridades marroquíes de haber construido una sibilina maquinaria legal y mediática para neutralizar a la disidencia, incluidos los periodistas críticos. Según la ONG, lo que en principio parece ser una simple aplicación de la ley acompañada de actos dispersos de difamación en los medios oficialistas, cuando se conectan los puntos, configura un manual en toda regla para acallar las voces críticas. Entre estas se cuentan tres prominentes periodistas: Taufik Boucharine, Suleiman Raissouni y Omar Radi. Todos ellos fueron condenados a largas penas de cárcel de entre cinco y 15 años por cargos de naturaleza sexual, como agresión sexual o violación. Pero no parece una casualidad que los tres hubieran publicado investigaciones sobre corrupción en las altas esferas del país antes de ser procesados.

En Argelia, el acoso a la prensa libre e independiente se realiza a través de su asfixia económica o utilizando la concesión de licencias como herramienta para su domesticación

A veces, a estas acusaciones por delitos sexuales, que en una sociedad tan conservadora como la marroquí tienen como objetivo arruinar la reputación de los disidentes, se unen otras igualmente graves. Por ejemplo, a Omar Radi fue condenado por “espionaje”. De acuerdo con el proyecto TrialWatch, las pruebas presentadas en el juicio solo hacían referencia a reuniones con representantes de la embajada holandesa y su trabajo como consultor para dos compañías británicas.

Tras llevar a cabo sus propias investigaciones, organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, además del Parlamento Europeo, han coincidido en defender la inocencia de los tres periodistas y exigir su liberación. A pesar de las reacciones los días siguientes de algunas organizaciones afines al gobierno, como el Comité Nacional de la Prensa Marroquí, los indicios de que los juicios contra Radi, Bouachrine y Raissouni no cumplieron los estándares internacionales son numerosos. El informe de HRW mencionado anteriormente recoge el testimonio de Afaf Bernani, una periodista que tuvo que exiliarse al negarse a colaborar en el proceso contra Bouachrine. “La policía me interrogó para preguntarme si había sido víctima de acoso sexual por parte de Taufik Bouachrine. Yo dije que no … Luego descubrí que en el atestado policial me hicieron decir cosas que no había dicho”, explica en un vídeo Bernani, que pasó a ser ella la procesada simplemente por denunciar que le cambiaron la declaración.

Según fuentes de RSF, la cifra de periodistas entre rejas en Marruecos alcanza la decena, y la mayoría de ellos son saharauis. De hecho, el Sáhara Occidental y la región del Rif, históricamente marginada y donde tuvieron lugar entre 2016 y 2017 unas potentes protestas conocidas como hirak, son dos agujeros negros informativos, donde es difícil desarrollar la labor periodística sin topar con los servicios de seguridad. Esta es una realidad que también experimentan los medios extranjeros acreditados en el reino alauí o aquellos que realizan una cobertura temporal. De hecho, algunos periodistas extranjeros han sido perseguidos legalmente por sus artículos, como es el caso de Ignacio Cembrero, con denuncias tanto en los tribunales marroquíes como en los españoles.

Según la disidencia, otra vulneración a la libertad de prensa consiste en la compra o creación por parte de los servicios de seguridad o bien de empresarios muy cercanos al majzén –como se conoce al Estado profundo en Marruecos– de una tupida red de medios de comunicación con el principal objetivo de influir a la opinión pública lanzando campañas de difamación contra las voces críticas. A menudo, estas campañas sirven de advertencia a los opositores para que se autocensuren o abandonen sus actividades, y pueden llegar a incluir la publicación de vídeos o fotos de naturaleza íntima o sexual.

Por último, el acoso a la prensa libre pasa por el hackeo de los teléfonos de los reporteros a través del programa de espionaje Pegasus, del que algunos informes apuntan que Marruecos habría hecho un uso extensivo. Según Amnistía Internacional, una de sus primeras víctimas fue el historiador y periodista Maati Monjib, encarcelado en 2021 y solo liberado unos meses tras iniciar una huelga de hambre. Monjib cree que fue castigado por haber denunciado la existencia de un Estado policial en el país formado por unas estructuras ocultas paralelas a las oficiales. Y es que, a las ya conocidas líneas rojas relacionadas con “el islam, la patria –es decir, el Sáhara Occidental–, y el rey”, se ha añadido una nueva que son los servicios de seguridad.

Así las cosas, la prensa audaz e independiente es una especie en peligro de extinción en Marruecos. Tras la clausura en 2021 del periódico con edición en papel Al Akhbar al Youm, del que fueron redactores jefes Bouachrine y Raissouni, a causa del hostigamiento de las autoridades, las voces críticas han quedado prácticamente limitadas al diario digital Lakome y a algunos valientes periodistas individuales que trabajan para diversos medios.

Un panorama mediático desalentador en Argelia

Después de su elección a finales de 2019, el presidente Abdelmayid Tebún proclamó el advenimiento de una “nueva Argelia”. No obstante, tres años después, ya podemos concluir que esta se parece mucho a la vieja. O al menos, así es por lo que respecta a la situación de la prensa. Las autoridades continúan hostigando a la prensa libre e independiente, a menudo de forma velada, provocando su asfixia económica o utilizando la concesión de licencias como herramienta para su domesticación. Ahora bien, cuando ello no funciona, es habitual recurrir al arresto de los reporteros, si bien las condenas de cárcel no suelen ser largas. El resultado de estas prácticas es el progresivo empobrecimiento del panorama mediático argelino.

El último y más grave atentado a la libertad de prensa ha sido la clausura de dos populares medios de comunicación críticos, la emisora Radio M y el diario digital Maghreb Emergent, y el arresto de su director, Ihsane el Kadi. Este veterano periodista, que está acusado de “financiación ilegal” y de “atentar contra la seguridad del Estado”, había publicado los días anteriores artículos criticando unas declaraciones del presidente Tebún, y había revelado detalles sensibles sobre su relación con el ejército.

“Ihsane el Kadi debe ser puesto inmediatamente en libertad de acuerdo con la Constitución, que prohíbe la pena de cárcel para los periodistas en el ejercicio de su profesión”, ha declarado Jaled Drareni, responsable de Reporteros Sin Fronteras para África del Norte. En concreto, Drareni se refiere al artículo 54 de la Constitución, que fue enmendada en 2020, y que recoge que “un delito de prensa no puede ser sancionado con una pena privativa de libertad”. El problema es que, aunque el procesamiento de periodistas es producto realmente de su labor profesional, los cargos suelen ser diferentes, y mucho más graves.

La mayoría de las acusaciones más recientes se sustentan en varias reformas del Código Penal efectuadas durante los últimos dos años, como la que afecta al artículo 87 bis, y que amplía de forma notable el tipo de actos que pueden ser considerados “terroristas” o de “sabotaje”.  La reforma ha sido objeto de censura por parte del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas, porque define de forma vaga los actos tipificados como delito. Asimismo, otra enmienda, la del artículo 196 bis, es considerada como peligrosa porque castiga con penas de uno a tres años de cárcel la elaboración y difusión de noticias “falsas o calumniosas” o que atenten contra “la seguridad nacional”.

Desde 2019, una veintena de periodistas han sido procesados o perseguidos por las autoridades en Argelia, y algunos han sido arrestados varias veces, como Merzoug Touati. Actualmente, además de El Kadi, se halla en prisión preventiva el reportero Mustafa Benyama, del diario regional digital Le Provincial. Aquellos que son liberados, normalmente deben presentarse en comisaría semanalmente, y tienen prohibido salir del país. La mayoría de estos periodistas eran cercanos al hirak, el movimiento de protesta, nacido en 2019,  que durante meses exigió a través de manifestaciones multitudinarias la democratización del país y un cambio profundo en su gobernanza. De hecho, otras instituciones que participaron en el hirak han sido también represaliadas, como la histórica Liga Argelina de Derechos Humanos, recientemente disuelta por un tribunal administrativo.

Al cierre de Radio M y Maghreb Emergent debe añadirse el del prestigioso diario Liberté en abril del año pasado. En este caso, la causa fue su situación financiera. Sin embargo, las autoridades públicas no han sido ajenas a su destino. El rotatitvo independiente no solo se vio privado de la publicidad de los organismos públicos, sino que su director, Ali Ouafek, asegura que responsables del gobierno presionaron a varias compañías privadas para que dejaran de anunciarse en sus páginas. La hostilidad del Estado era evidente desde hacía años, pues sus representantes boicoteaban a menudo a los reporteros de Liberté y se negaban responder a sus preguntas.

Con los canales de televisión y las emisoras de radio bajo control gracias al uso de la concesión de licencias como medida de presión, pocos medios quedan ya en Argelia a los que no se les pueda colgar la etiqueta de oficialistas. Junto a Liberté, el otro diario histórico fundado en el periodo de liberalización iniciado a finales de los años ochenta, El Watan, se halla también en una delicada situación financiera por unos motivos parecidos. Sus trabajadores están en huelga, pues no cobran sus salarios desde el pasado verano, y son los directivos quienes redactan sus noticias. La situación financiera de los diarios digitales, como TSA Algerie, es algo mejor. No obstante, en algunos periodos, sus páginas webs han sido bloqueadas por las autoridades o se han registrado problemas para acceder a ellas desde Argelia.

Túnez, el peor retroceso regional

Uno de los pocos asuntos que había generado consenso entre políticos y analistas de diversa ideología durante la década de transición experimentada por Túnez es el hecho de que el respeto de la libertad de expresión era el principal logro de la revolución de 2011. Sin embargo, esa conquista democrática se encuentra ante una seria amenaza desde que el presidente Said se arrogara plenos poderes y suspendiera la Constitución en verano de 2021. Y, obviamente, entre los principales perjudicados de esta deriva autoritaria figuran los periodistas.

La agresión más flagrante contra la libertad de prensa tuvo lugar en febrero, cuando fue arrestado Nourredine Boutar, el director de Radio Mosaique, una de las más escuchadas en Túnez. De acuerdo con sus abogados, durante los interrogatorios, fue cuestionado sobre la línea editorial de la radio, y sobre quién escogía a los tertulianos que participaban en los debates y cuáles eran sus posiciones políticas. En un principio, la línea editorial de Radio Mosaique fue favorable a las “medidas de excepción” decretadas por Said en verano de 2021, pero viró hacia posiciones más críticas a medida que se hizo más evidente el proyecto personalista y unilateral del presidente.

Otro caso reciente de acoso a la prensa es el padecido por Salah Attia, fundador y director de la página de noticias digital Al Ray al Jadid. Attia fue condenado el 16 de agosto de 2022 a tres meses de cárcel en un tribunal militar por los cargos de “acusar a servidores públicos de acciones ilegales” y de “dañar la moral del ejército y su reputación” a raíz de unas declaraciones críticas con Said. Diversas organizaciones han censurado la persecución de civiles en la justicia militar, a menudo por haber criticado al presidente, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Aunque esta no es una práctica nueva en Túnez, se ha acentuado tras el “autogolpe” de Said. Además, desde septiembre de 2020, las autoridades disponen de una nueva herramienta legal para la represión de la prensa crítica, pues una ley castiga con penas de hasta cinco años de cárcel la publicación de “rumores o noticias falsas”.

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT por sus siglas en francés) ha convocado numerosas protestas ante el constante deterioro de la libertad de prensa en el país. De acuerdo con sus informes, entre 2017 y 2022, se ha producido un total de 867 ataques contra periodistas, siendo las fuerzas de seguridad las principales responsables. Buena parte de esos ataques han tenido lugar a partir del verano de 2021. Durante este periodo, 24 periodistas han sido detenidos de forma arbitraria, y otros 62, fuera de las normas que rigen su labor profesional. Además, en unos 10 casos, la Fiscalía ordenó registros en medios de comunicación y en otros cinco censuró la publicación de contenidos. En otro ataque a la libertad informativa, los medios de comunicación públicos se han convertido en simples portavoces del gobierno, y las voces de la oposición están completamente ausentes de sus programas.

La actitud combativa del SNJT puede haberse cobrado ya su primera víctima: a mediados de febrero se supo que el presidente de la organización, Yassine Jelassi, había sido imputado por cargos de rebelión en la misma semana que una docena de personalidades políticas o de la sociedad civil fueron arrestadas o imputadas. Ante este agravamiento de la situación, es muy probable que la posición de Túnez en el ranking sobre la libertad de prensa en el mundo elaborado por RSF vuelva a caer de forma sustancial en 2022, después de haber perdido 21 puestos en 2021.

Por su parte, Libia es, sin duda, el país de la región donde más peligrosa es la labor de periodista desde 2011. En la última década, han muerto asesinados 14 periodistas, y otros cuatro están desaparecidos. Aunque, según RSF, en este momento ningún periodista se encuentra entre rejas, no es raro el arresto temporal o el secuestro de reporteros por parte de las autoridades, o bien de alguna de las centenares de milicias que dominan el país. Si bien es cierto que este tipo de agresiones han mostrado una tendencia a la baja, la razón principal es la autocensura, y no un mayor respeto a la libertad de prensa. Mientras Libia no salga del caos institucional en el que vive instalada desde 2011, será muy difícil que se creen las condiciones para la aparición de una prensa libre e independiente./