EL 25 de julio de 2021, la política tunecina dio un giro inesperado que puso fin, o al menos supuso un hiato, al proceso de transición democrática iniciado con la caída del dictador Zine El Abidine Ben Alí en 2011. A partir de una dudosa interpretación de la Constitución, el presidente, Kais Said, se arrogó plenos poderes para hacer frente a una presunta situación de emergencia. Con el paso de los meses, se confirmaron las peores expectativas, ya que aquella situación “excepcional” se ha alargado un año con el propósito de aplicar una reforma radical al sistema político. Said adoptó un estilo de gobierno autoritario, negándose a consultar sus decisiones con ningún otro actor político. Su proyecto afronta una reválida clave el 25 de julio, primer aniversario de su golpe de fuerza, cuando someterá a referéndum su proyecto de nueva Constitución.

A falta de semanas para la fecha, la ciudadanía aún no conocía el contenido del texto, que elabora un comité de expertos designado por Said. En teoría, los juristas se deben basar en el resultado de un proceso de “consulta nacional online” llevado a cabo en primavera y en el que participó menos del 10% de la ciudadanía. Se sabe que uno de los principales cambios será la adopción de un sistema presidencialista reforzado, con amplios poderes para el presidente. La Constitución democrática de 2014 consagraba un sistema semipresidencialista parecido al francés, si bien el presidente tunecino gozaba de menos prerrogativas que el galo. Más importante aún será la reforma de la elección del Parlamento, ya que el presidente pretende instaurar un sistema de democracia directa asentada en los distritos locales que ha sido comparado con el que el coronel libio Muamar el Gadafi esbozó en su Libro Verde.

Más allá de varios pequeños partidos de ideología panarabista o…