Los mecanismos de financiación del terrorismo tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como de actividades ilícitas. Muchos combatientes extranjeros se microfinancian con ayudas sociales, créditos bancarios o a través de fraudes financieros. La relación entre delincuencia y terrorismo exige replantearse las ideas sobre cómo luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la radicalización.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la cuestión de la detección y la prohibición de la financiación del terrorismo ha sido una prioridad para la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional. Aunque estos planes terroristas sincronizados de Al Qaeda tuvieron un coste estimado de 500.000 dólares, el grupo Estado Islámico (EI) se ha convertido en la insurgencia y organización terrorista más rica del mundo cuando se estableció el califato en 2014. La financiación del EI, cuyo presupuesto anual aproximado es de 2.000 millones de dólares según los servicios de inteligencia franceses, pone de manifiesto la complejidad y la diversidad de la financiación del terrorismo, ya que los flujos de ingresos procedían de diferentes fuentes internas y externas. Un informe de 2015 del Grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) recogía cinco fuentes principales de ingresos: las ganancias ilícitas obtenidas por la ocupación del territorio (saqueo de bancos, extorsión, control de los campos petrolíferos y de las refinerías, impuestos ilícitos sobre bienes y productos y sobre el dinero que circula por el territorio en el que opera el EI); los rescates de secuestros; las donaciones, incluidas las de organizaciones sin ánimo lucro o conseguidas a través de estas organizaciones; la ayuda material de los combatientes terroristas extranjeros (FTF por sus siglas en inglés); y la recaudación de fondos mediante redes de comunicación modernas (FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and…