La financiación de los partidos políticos ha constituido sin duda el debate dominante en la vida pública española en los últimos meses. Pocos temas como éste han logrado monopolizar la atención con tanta extensión e intensidad. Existen, desde luego, en la actual situación política factores que han favorecido un tratamiento singularmente acerado de esa materia. Me refiero en especial al incremento de la competitividad interpartidista como resultado de la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE y de una política más contundente por parte de la oposición, en particular la que el Partido Popular e Izquierda Unida han venido desarrollando desde las elecciones generales de octubre de 1989. Con independencia de los factores contextuales que han coadyuvado a abordar el problema de la financiación de los partidos desde posiciones a veces no exentas de un fuerte dramatismo político, 1o cierto es que resulta ineludible debatir con urgencia esa problemática y adoptar, entre otras, medidas legislativas que subsanen cuando menos sus deficiencias básicas. Desde esta perspectiva me propongo reflexionar sobre la experiencia y las soluciones legislativas adoptadas en otras democracias europeas y, en ese marco comparado, analizar los problemas que se plantean en España y sus posibles soluciones.

La financiación pública y privada de los partidos políticos

Un elemento común a la práctica totalidad de las democracias europeas es la subvención pública de los partidos políticos. Gran Bretaña constituye el último exponente de una concepción netamente liberal de los partidos que continúan manteniéndose ajenos a la protección económica del Estado. La excepción británica cobra una mayor singularidad si consideramos que incluso en Estados Unidos (1976) los candidatos presidenciales reciben subvenciones públicas para sufragar sus campañas. Las subvenciones del Estado se encuentran destinadas a financiar, según los países, diferentes actividades de los partidos. En unos casos se dirigen a compensar los…