En un paso de gigante, el presidente surafricano Frederik De Klerk firmó el pasado 1 de febrero el acta de defunción del apartheid institucional. Ante el Parlamento, De Klerk prometió abolir en los próximos meses los tres últimos pilares jurídicos que soportan el sistema de segregación racial: la legislación sobre la propiedad de la tierra, que reserva el 87 por 100 de esta a los blancos (“Land Act”); la ley que establece el lugar de residencia según la raza (“Group Areas Act”), y la ley que clasifica a la persona según el color de la piel y condiciona toda su existencia desde el nacimiento (“Population Registration Act”). Esta última ley, auténtica columna vertebral de la segregación racial, no puede ser abolida por el voto de los diputados, al ser también uno de los fundamentos de la actual Constitución, y hasta que se redacte una nueva carta magna deberá ser sorteada por “medidas temporales y transitorias”, según precisó De Klerk. La firme promesa del jefe del estado supone el último avance de un acelerón histórico de cambios y transformaciones que han situado a Suráfrica en el camino sin retorno de la desmantelación del apartheid.

En poco más de un año –desde las elecciones del 6 de septiembre de 1989– el presidente De Klerk ha roto el ritmo lento de reformas de su antecesor, Pieter, W. Botha, y ha aplicado una velocidad vertiginosa a un proceso cuyo objetivo final es llegar a un acuerdo nacional con la mayoría negra que permita acabar de forma definitiva con la iniquidad de la segregación y sitúe a Suráfrica en un nuevo proyecto nacional sin la amenaza de una guerra racial.

Las organizaciones políticas prohibidas fueron legalizadas por De Klerk en la apertura del período parlamentario el 2 de febrero de 1990. Nelson Mandela, el símbolo…