Junto al desarrollo económico, la integración de España en el proyecto europeo ha traído nuevas actitudes y valores respecto a la política y la democracia. Entre las tareas pendientes está impulsar una economía innovadora y consolidar un espacio propio en política exterior.

El 12 de junio de 1985 se firmaba en el salón del Trono del Palacio Real de Madrid el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que entraría en vigor el 1 de enero de 1986. Tras largos años de negociaciones, con ciertos recelos y temores, España comenzaba un profundo proceso de transformación política, económica y social en el marco del proceso de integración europeo.

En el ámbito económico, las cifras son contundentes. De ser un país con una renta situada en el 71 por cien de la media europea, España casi ha alcanzado la renta media comunitaria en la Unión ampliada a 25 miembros; de ser un país receptor de fondos europeos, España está ya cerca de ser un contribuyente neto; y de ser un receptor de inversión extranjera directa (IED), ha pasado a ser un país con una destacada posición global y grandes empresas multinacionales. Además, en un breve lapso de tiempo, España ha pasado de ser un país de emigración a tener más de tres millones y medio de extranjeros empadronados. Como resultado, tras haber equiparado sus tasas de inflación, empleo y deuda a las de sus socios europeos y haber saneado sus cuentas públicas, España es hoy la octava economía del mundo, además de una de las más abiertas y dinámicas de Europa y un miembro ejemplar de la zona euro.

En el terreno político, destaca la notable solidez del sentimiento de identificación y apoyo al proceso de integración europea en España (mayor que en otros países). También resulta revelador hasta qué…