Desde el 22 de febrero, Argelia ha entrado en una ola de protestas masivas, de las que llama la atención la total ausencia de reivindicaciones socioeconómicas. En ninguna de las ingeniosas pancartas que desde esa fecha aderezan las manifestaciones viernesinas han aparecido eslóganes de reivindicación económica, exceptuando los referidos a evitar la explotación del gas de esquisto en el Gran Sur argelino, donde las manifestaciones actuales se yuxtaponen con las que, por ese motivo, se han ido repitiendo de forma intermitente desde 2015, cuando la gran movilización iniciada en In Salah se extendió por todo el país.

A pesar del poco peso de las demandas económicas en el marco de la crisis actual, en las redes sociales con frecuencia se alude a la economía política de la crisis argelina. Por ello, parece conveniente analizar cuál podría ser el problema económico a día de hoy.

La disciplina de la Economía Política hace referencia a las relaciones –de poder– económicas que se dan en el marco de la polis o sociedad. Así, en Argelia, este término tiene que hacer referencia a las relaciones que se articulan en torno al control y a la distribución del principal activo económico del país: los hidrocarburos (petróleo y gas) y, muy especialmente, la renta que estos generan. Por ello, el correcto análisis sobre la Economía Política de la crisis debería preguntarse si hay indicios de cambio, bien en el flujo de renta, bien en sus criterios de gestión.

¿Cambios en el flujo de renta?

Cuando Abdelaziz Buteflika accedió al poder en 1999, los ingresos por exportaciones de petróleo en Argelia fueron de más de 11.000 millones de dólares. En 2012, gracias a una tendencia alcista de los precios del petróleo a lo largo de toda la década, estos ingresos eran, en términos reales, unas cinco…