“Colombia firma un cese al fuego histórico con las FARC”. “Colombia tiene una nueva esperanza: la paz”. “El acuerdo de paz en Colombia está funcionando”. “Colombia: de las balaceras al turismo”. Estos son algunos de los titulares que poblaron la cobertura de la prensa internacional sobre el país entre 2016 y 2019. El tono coincidía con el que uno podía escuchar entre las élites (económicas, políticas, culturales) bogotanas durante esos años de crecimiento económico y una esperanza cumplida: la de ser reconocido por el orden liberal mundial como un país funcional, con un poder correspondiente a sus 50 millones de habitantes y su riqueza en recursos. En definitiva: un miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. La invitación formal a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 2018 constituyó el último gran hito de ese proceso. Ni la inesperada negación de los acuerdos de paz en un referéndum en octubre de 2016 –que igualmente se firmaron con una serie de modificaciones posteriores–, ni la victoria de la oposición conservadora –si bien con un candidato joven percibido como moderado, y miembro de esas mismas élites gracias a su extenso paso por la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington– supusieron reveses definitivos a este aparente final feliz para uno de los caminos más accidentados que una democracia ha transitado en el último siglo.

Tres años después, tanto los titulares como la percepción de estas mismas élites es bien distinta. Al golpe económico, social y moral de la pandemia se ha sumado una doble ola de protestas sin precedentes en los últimos 50 años, una implementación incompleta e irregular del proceso de paz que ha provocado significativas disidencias sobre el terreno, un repunte de la violencia que obedece tanto a…