La polémica sobre el ‘prejuicio africano’ en los casos abiertos por la Corte Penal Internacional y la no ratificación del Estatuto de Roma por parte de EE UU han marcado los 10 primeros años de una institución que trata de crear un sistema viable de justicia global.

El 11 de abril de 2002 se reunió en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York un grupo integrado por representantes de diversos países, las ONG de la Coalición para la Corte Penal Internacional (CCPI) y los medios de comunicación para celebrar el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente. El Estatuto de Roma, documento constitutivo de la corte, recibió en este acto la 60ª ratificación y la CPI entró así en funcionamiento. Para muchos Estados, ONG y defensores de los derechos humanos, fue un gran momento en la lucha por la defensa del Derecho Internacional Humanitario y los principios de justicia global. Sin embargo, hoy, en el 10º aniversario de la entrada en vigor de la CPI, cabe plantearse si la institución tiene aún algo que celebrar. ¿Sigue ejerciendo una labor ejemplar para la promoción de la justicia universal? ¿O bien se ha convertido en una herramienta política en las luchas de poder de los Estados?

Para responder a estas preguntas cabe comenzar con el debate sobre el número de casos llevado ante la CPI y las cuestiones relativas a su aplicación, continuar con la repercusión de la Conferencia de Revisión de Kampala (mayo-junio de 2010) y la elección, a finales de 2011, del nuevo fiscal general de la corte, y terminar con las relaciones entre Estados Unidos y la institución…