Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Sin embargo, el 25 de julio de 2021, dos años después de un ascenso inesperado y de su elección con el 72,7% de los votos, el ex adjunto de derecho Constitucional y actual presidente de la República tunecina, Kais Said, al que se suponía muy consciente de la importancia del principio de la separación de poderes, invocó, para sorpresa general, el artículo 80 de la Constitución que sume al país en un “Estado de excepción”.

Se impone como “salvador” de la nación frente a un “peligro inminente” y concentra todo el poder en sus manos. Según su lectura de la situación, la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) representaría en sí misma este peligro “continuo y no inminente”, como ironizó en varios de sus vídeos transmitidos a través de la página oficial de Facebook de la presidencia de la República, casi su único canal de comunicación.

Said recurrió después al ejército y colocó un tanque militar y una docena de furgones de policía a la entrada de la ARP, un típico caso de cesarismo providencial. La sede de la televisión nacional y la del gobierno también fueron rodeadas. Suspendió las actividades de los parlamentarios, les retiró la inmunidad y se impuso como fiscal general, reivindicando de nuevo el artículo 80; destituyó al jefe del gobierno y ministro interino del Interior, Hichem Mechichi, a los ministros de Defensa, Finanzas, Tecnología y Comunicación (TIC), Sanidad, Justicia y Administración Pública y cambió también a los gobernadores y a decenas de altos cargos en todas las instituciones del Estado.

Además, el recurso al artículo en cuestión requiere tres imperativos: la consulta al jefe del gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo (Rachid Ghanuchi) y, a petición del presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo o de 30…