Los israelíes acudieron de nuevo a las urnas el pasado 1 de noviembre. Era la quinta vez, desde abril de 2019, que elegían a sus diputados. Los tres primeros escrutinios (abril de 2019, septiembre de 2019, marzo de 2020) terminaron en un punto muerto total, con el Likud y sus aliados en igualdad de condiciones con su oponente de centroizquierda Yesh Atid (Hay un futuro) y sus socios. Las elecciones de marzo de 2021 fueron más fructíferas ya que Yahir Lapid, líder de Yesh Atid, logró la hazaña de formar una coalición anti-Netanyahu que podía contar con 62 diputados (de 120). Pero esta coalición fue frágil desde el principio, ya que reunía el número récord de ocho partidos, que iban desde la izquierda progresista hasta la derecha religiosa, pasando por la formación de habla rusa Israel Beitenu y el partido islamista Raam (Lista Árabe Unida). La deserción gradual de los miembros electos de la derecha religiosa debilitó la base parlamentaria de la coalición y, en última instancia, condujo a nuevas elecciones.

Esta vez el resultado fue claro. El Likud ganó claramente con 32 escaños, mientras que Yesh Atid obtuvo 24. El primero también tenía una gran ventaja: su capacidad para formar una coalición estable era mucho mayor. De hecho, pudo reunir a su alrededor a los partidos ultraortodoxos, Shas (11 escaños) y Judaísmo Unido de la Torah (siete escaños), y sobre todo la coalición del Sionismo Religioso que, con 14 escaños hizo una entrada notable en la Knesset. Benjamin Netanyahu, con 64 diputados, se convierte de nuevo en primer ministro y dispone de una mayoría ideológicamente compacta frente a una oposición dividida donde la izquierda es muy débil (cuatro diputados por el Partido Laborista, cinco por la lista en torno al Partido Comunista anclado en la minoría árabe de Israel).

Aunque se ha confirmado que la ultraortodoxia es una fuerza a tener en cuenta (18 escaños), la verdadera novedad es el resultado de la lista Sionismo Religioso. Esta coalición no representa la “corriente clásica” del sionismo religioso, que no ha obtenido ni un solo diputado en 2022, sino una corriente mucho más radical, la de los militantes ultranacionalistas, muy presentes en las colonias más ideológicas de Cisjordania.

La coalición Sionismo Religioso representa una corriente radical, la de los militantes ultranacionalistas, muy presentes en las colonias más ideológicas de Cisjordania

Dos hombres simbolizan la orientación tan extremista del nuevo gobierno. El primero es Itamar Ben Gvir, líder de Fuerza Judía (uno de los dos miembros de la coalicion del Sionismo Religioso). Este abogado de 47 años era un militante activo del partido Kach liderado por el rabino de origen estadounidense Meir Kahane. Este último, miembro electo de la Knesset entre 1984 y 1988, abogó por una política abiertamente racista hacia los árabes. Ben Gvir siguió el camino de su mentor al exaltar la memoria de Baruch Goldstein quien, en febrero de 1994, asesinó a 29 palestinos en la tumba de los Patriarcas en Hebrón, con el objetivo de hacer descarrilar el proceso de paz, que había comenzado en septiembre de 1993. Residente en Givat Haavot, colonia enclavada en el corazón de Hebrón, Itamar Ben Gvir es un activista impenitente que multiplica las provocaciones pavoneándose por los barrios árabes de Jerusalén Este y apareciendo junto a las milicias de autodefensa judías.

Protesta contra la reforma de la justicia. Jerusalén, 13 de febrero de 2023. Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

El segundo hombre es Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso (el segundo componente de la coalición). Su vida está totalmente identificada con la colonización judía. Nacido en el sur de los Altos del Golán, creció en Beit El (al norte de Ramala) y dirigió la escuela talmúdica en Kedumim (cerca de Nablus). Es un nacionalista fanático a quien los servicios de seguridad israelíes consideraban un terrorista (aunque nunca fue procesado por este cargo). Ha defendido constantemente la colonización judía como una obligación casi religiosa a la vez que niega a los palestinos cualquier derecho a la autodeterminación.

En Cisjordania, la colonización israelí no cesa mientras la Autoridad Palestina se hunde en una deriva autoritaria. En este contexto, la reactivación de la lucha armada en el lado palestino no es realmente una sorpresa

Estos dos hombres han obtenido puestos a medida en el nuevo gobierno israelí. Ben Gvir es ministro de Seguridad Nacional, con amplios poderes de intervención sobre la policía. Smotrich es ministro de Hacienda, pero con competencias específicas en la administración civil de Cisjordania, es decir, la entidad que, dentro del gobierno militar, se encarga de la gestión administrativa del Área C (el 60% de Cisjordania bajo el control exclusivo de Israel). La orientación está clara. Se trata de facilitar aún más la colonización israelí, al tiempo que se reprimen con más firmeza las actividades “ilegales” de los palestinos (incluida la construcción de viviendas).

Pocas esperanzas en Cisjordania

Con un programa semejante, es muy probable que la situación en Cisjordania se deteriore. De hecho, es lo que ha ocurrido a lo largo de 2022 (durante el gobierno de Lapid-Bennett). Entre enero de 2022 y enero de 2023, alrededor de 200 palestinos (combatientes y civiles) han muerto a manos del ejército o de los colonos israelíes. Durante el mismo período, también fueron asesinados 37 israelíes. Este aumento de la violencia está ligado a varios factores. Grupos de activistas palestinos, formados por jóvenes, han ido surgiendo en determinadas localidades, como en la ciudad vieja de Nablús, o en campos de refugiados (Yenín, Aqabat Jabr cerca de Jericó…). Estos grupos son multipartidistas y reúnen tanto a nacionalistas de Fatah como a islamistas (Hamás, Yihad Islámica). No temen atacar directamente al ejército y a los colonos. En un intento por frenar esta resistencia, el ejército israelí lanzó en la primavera de 2022 la operación “Romper la ola”. Pero, por ahora, a pesar de la movilización de importantes recursos, los resultados han sido dispares. La razón es sencilla: muchos palestinos surgidos de ambientes populares no ven salida a la situación actual. Por un lado, la colonización israelí continúa sin cesar. Basta una cifra para demostrarlo: el crecimiento anual es del 3,5% en los asentamientos de Cisjordania (2% en Israel). Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por un envejecido Mahmud Abbas (87 años), está inmersa en una inquietante trayectoria autoritaria que quedó brutalmente ilustrada con la muerte de Nizar Banat, opositor de la ANP, asesinado a golpes por los servicios de seguridad palestinos en junio de 2021. Su culpa: haber protestado con vehemencia contra el aplazamiento sine die de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para la primavera de 2021, en las que Abbas y sus partidarios corrían el riesgo de una gran derrota. En este contexto de pocas esperanzas, la reactivación de la lucha armada por parte palestina no es realmente una sorpresa.

La normalización regional de Israel

El episodio de violencia actual subraya la persistente agudeza de la cuestión palestina, pero también, paradójicamente, su “marginación” geopolítica. De hecho, ha suscitado pocas protestas en las capitales árabes. Y por una buena razón: con los Acuerdos de Abraham del verano de 2020, Israel se comprometió a normalizar sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Las consecuencias no se han hecho esperar: crecimiento constante del comercio, cooperación económica, flujos de turistas israelíes hacia Dubái, cooperación en seguridad… Los pactos de Abraham también han allanado el camino a un acercamiento con Sudán y, sobre todo, con Marruecos, con el que se han firmado diversos acuerdos en materia de defensa (intercambio de información secreta, lucha contra el terrorismo, etc.). Estos pactos han contribuido a hacer casi públicos los lazos oficiosos entre Israel y Arabia Saudí, como demuestra la reunión en noviembre de 2020 entre Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero Mohamed bin Salman en Neom, al noroeste del reino. Tras su reciente regreso al poder, Netanyahu tampoco ha ocultado su objetivo diplomático número uno: establecer relaciones diplomáticas oficiales con el reino saudí.

Obviamente, estos acercamientos en todos los sentidos entre Israel y los Estados árabes del Golfo también deben entenderse a través de su común oposición a Irán, a su intervencionismo total (Siria, Irak, Líbano, Yemen) y a su programa nuclear. La lección fundamental de los últimos años es que la cuestión palestina, aunque no esté resuelta, ya no impide la normalización regional de Israel. Ni siquiera fue un obstáculo para la conclusión, en octubre de 2022, de un acuerdo histórico entre Israel y Líbano –oficialmente todavía en guerra– sobre la delimitación de la frontera marítima entre los dos países, que regula la explotación de petróleo y gas en alta mar. Esta integración de Israel en Oriente Medio es alentada en gran medida por Estados Unidos que la defiende desde hace 50 años, sea cual sea la administración. Es un objetivo prioritario, incluso si eso significa dejar en suspenso la cuestión palestina, ocupándose únicamente de gestionarla lo mejor posible. Pero, ¿quién sabe si la solución a esta cuestión llegará finalmente, después de la normalización interestatal?

Hacia un régimen cada vez menos liberal

Del nuevo gobierno israelí no solo hay que esperar que aumente la ofensiva en cuanto a la colonización, sino también en el plano interior, como muestra, por ejemplo, la reforma de la justicia puesta en marcha.

El objetivo general es claramente limitar la independencia del poder judicial, y en particular del Tribunal Supremo que, en primera y última instancia, se ocupa de los recursos contra la Administración. El primer proyecto de ley pretende modificar la designación de los jueces. Hasta ahora, han sido designados por una comisión de nueve personas en la que los juristas profesionales son mayoría. La reforma propuesta apuntaría a que la mayoría de los miembros de la comisión sean representantes políticos (ministros y diputados). El riesgo evidente es el de una fuerte politización de los jueces, como demuestra el caso estadounidense, donde los jueces del Tribunal Supremo elegidos únicamente por el presidente, tienen claros tintes políticos. El segundo proyecto de ley tiene un alcance más profundo: pretende privar al Tribunal Supremo de cualquier poder de control sobre la “constitucionalidad de las leyes”.

El objetivo de la reforma de la justicia es limitar la independencia del poder judicial, en especial del Tribunal Supremo

Para entender lo que está en juego es necesario evocar brevemente el papel actual del Tribunal. En 1992, la Knesset aprobó dos leyes fundamentales que protegen los derechos humanos sobre la base de la libertad y la dignidad individuales. Basándose en estos textos, el Tribunal Supremo inició lo que su entonces presidente, Aharon Barak, llamó una “revolución constitucional”: a partir de ahora el Tribunal tenía que evaluar si las leyes ordinarias aprobadas por la Knesset respetaban los derechos humanos. Es este poder de control el que el nuevo gobierno pretende recuperar, y esto de dos maneras. Por un lado, cualquier descalificación de una ley requeriría a partir de ahora la unanimidad de los 15 magistrados del Tribunal Supremo, objetivo difícilmente alcanzable. Por otro lado, se introduciría un mecanismo de “rodeo” que permitiría a la Knesset volver a votar una ley invalidada por el Tribunal Supremo.

Las reformas equivalen a dar plenos poderes al legislativo. En una democracia, el Parlamento desempeña un papel central, pero no tiene poderes absolutos. Para evitar la tiranía de la mayoría, el Estado debe defender los derechos humanos intangibles. Estos últimos a menudo están protegidos por constituciones, claramente situadas en la parte superior de las normas legales. Sin embargo, en Israel no existe una Constitución de pleno derecho. Por lo tanto, privar al Tribunal Supremo de su poder de control equivale a eliminar cualquier freno y contrapeso con respecto a la Knesset.

Por lo tanto hay razones para estar preocupados por las reformas propuestas que, de hecho, podrían conducir a Israel hacia un régimen cada vez menos liberal. Esta preocupación, que ha llevado a decenas de miles de personas a salir a las calles en señal de protesta, es todavía más legítima ya que algunos ministros no ocultan su preferencia por un régimen más autoritario. Incluso Smotrich se presenta como favorable a la teocracia.

Sin ir tan lejos, es innegable que el nuevo gobierno pretende reforzar la dimensión judía del Estado. Esto podría pasar por una ley sobre el “estudio de la Torá” que la convertiría en un valor fundamental del Estado, así como por normativas más estrictas sobre los permisos para trabajar durante el Sabat.

Aunque habrá que ver en la práctica lo que realmente hará este gobierno definido por la extrema derecha, la “reacción conservadora” se ha afianzado en Israel./